carta al director

¿Democracia en Catamarca?: para pensar la coyuntura y la historia

miércoles, 18 de noviembre de 2020 · 01:00

Señor Director: 
El mundo ha cambiado muy rápidamente y aquello que creíamos saber con certeza, poco a poco se ha difuminado hasta casi perder sentido. ¿Qué significa vivir en democracia? ¿La democracia es solo un mecanismo para elegir gobernadores y presidentes como representantes del pueblo? ¿Puede un gobierno elegido por una mayoría, en un proceso electoral transparente, ser antidemocrático? ¿Lo que se entiende simbólicamente por democracia tiene relación alguna con las maneras efectivas, empíricas y prácticas en que se ejerce el gobierno?

Desde que asumió su cargo de gobernador, y por lo tanto, de máximo responsable de la democracia catamarqueña, Raúl Jalil ha tomado decisiones políticas fuertes para reformar diferentes ámbitos como la Educación, la Justicia, el Empleo Público, la Recaudación, la producción minera y el turismo, entre otros. La mayoría de los sectores sociales y laborales afectados por estos intentos de reforma han denunciado los efectos y perjuicios que podrían traerles. Pero la denuncia suele estar atada siempre a la coyuntura, responde antes que nada a una reacción y a un problema concreto.

En estas líneas, en cambio, buscaremos una reflexión transversal que nos permita preguntarnos qué tipo de concepción democrática guía actualmente a la clase política gobernante. Preguntarnos: ¿Qué efectos tienen estas medidas de reforma para la vida democrática catamarqueña? ¿Cómo y de qué manera afectan a todo el conjunto de la sociedad? ¿Qué representan más allá de la coyuntura?
Esta nota intentará la difícil tarea de articular la reflexión sobre la coyuntura, junto a lo histórico y lo conceptual. A ello vamos.
Historia y contradicciones políticas

En los últimos 40 años, América Latina ha mostrado dos procesos complejamente contradictorios: por un lado, ha quedado demostrado que en nuestros países no es posible prescindir del Estado y de las instituciones representativas para extender el imaginario de la igualdad hacia amplios sectores de la población y establecer una suerte de potestad sobre el destino económico-social de cada población frente a un recrudecimiento del mercado neoliberal (multinacionales, FMI, oligarquías políticas y económicas, extractivismo, etc.); y al mismo tiempo, se ha comprobado un deterioro simbólico, político y material de la democracia que muestra, entre otros fenómenos, procesos de derechización de mayorías sociales, las cuales devienen en gobiernos de ultraderecha que alcanzan victorias electorales, como el caso de Macri o Bolsonaro.
Es decir, la democracia puede bien llevar a gobiernos donde se amplían los derechos sociales de los más necesitados, incluso donde la sociedad expande su imaginario sobre la igualdad (las luchas feministas por ejemplo), como también a procesos de profundización de la desigualdad y el racismo.

Para escapar a estos fenómenos contradictorios (ambos parte de la democracia real) traigamos las herramientas conceptuales. Sin lugar a dudas, el concepto de democracia es de los más polisémicos del lenguaje político actual; sin embargo, hay dos sentidos que se mantienen a lo largo de la historia y que atraviesa su propia constitución. Por un lado, la democracia (liberal) referida a la institucionalidad, participación (parlamentos y partidos), división de poderes y mecanismos de elección de representantes, principalmente. Y por otro lado, la democracia entendida como la arena de disputas donde se construye la hegemonía política, es decir, el campo donde se dirime ni más ni menos que la construcción de poder.
A partir de estas dos definiciones, surge tanto una pregunta de coyuntura: ¿Cómo se relaciona el gobierno provincial con la democracia institucional?, y una histórica: ¿Cómo se construye poder en la democracia catamarqueña?

¿Democracia sin instituciones es democracia?
Para muchos pensadores, uno de los aspectos fuertemente en crisis es el carácter institucional que sostiene a la democracia. Los gobiernos se han convertido cada vez más en grupos de economistas, empresarios y tecnócratas que toman decisiones que afectan la vida de millones de personas, sin que éstas puedan participar en una discusión al respecto. A su vez, la participación del pueblo se limita al momento “marketinero electoral”, y los partidos políticos han desaparecido como etapas previas de organización, discusión política y formación de una base, programa o plataforma de largo alcance.
Otra crisis de legitimidad, bien actual, ha pegado fuerte en el sistema parlamentario, en nuestro caso el “Honorable” Congreso. A partir de la televisión y difusión de las sesiones parlamentarias ha quedado patente que la “representación” está muy pero muy lejos de funcionar en términos culturales e ideológicos. Y que apenas logra hacerlo en términos funcionales (la pandemia y la virtualidad han exacerbado este aspecto).

Ante la decadencia y crisis de las principales herramientas de participación (el sistema parlamentario como el electoral) la democracia institucional cuenta con unas últimas defensas antes de caer en la tiranía. Esta defensa son los mecanismos intermedios: la participación ciudadana (asambleas, movimientos sociales, organizaciones barriales), los organismos independientes de consulta, los colegios profesionales, las universidades, y entre ellos, dos fundamentales: los sindicatos de trabajadores y las instituciones de justicia.

Estos mecanismos intermedios son los que funcionan de manera menos visible en el día a día de la democracia. Por ello, es fundamental preguntarse, lejos de los grandes momentos marketineros de la política, ¿cómo se ha relacionado el gobierno local con esta democracia institucional cotidiana, con estos mecanismos intermedios?
Veamos algunos ejemplos:

1) En el caso de la educación, el Ejecutivo provincial planteó una enorme reforma: el traspaso de todos los IES a un ministerio nuevo. ¿Recurrió a las instancias e instituciones democráticas para planificarlo y consensuarlo? ¿Hubo un amplio y democrático debate junto a docentes, estudiantes y funcionarios? ¿Qué herramientas institucionales y democráticas se utilizaron para idear ese traspaso?
2) En el caso de la minería: ¿Cuál es el carácter democrático del traspaso de la autoridad del Juzgado de Minas al Poder Ejecutivo? Es decir, ¿se puede trasladar un poder de decisión de un juzgado independiente a un área de gobierno dependiente de intereses particulares sin afectar su carácter democrático?
3) En el caso de la creación del ARCA o el decreto que re-direcciona todas las regalías del interior en el Ejecutivo provincial, ¿cuál es el carácter institucional de estas medidas? ¿Cómo se entienden la centralización de todos los recursos económicos en un solo espacio de poder? ¿Es democrática la centralización de toda la economía en el Poder Ejecutivo?
El rey no necesita del pueblo

Al analizar este tipo de prácticas de gobierno, los investigadores señalan una concepción de democracia según la cual la clase política interpreta que el voto es un “cheque en blanco” de garantía. En otras palabras, una vez elegido el gobernante en elecciones, éste es libre de ir para un lado, como para el otro, las consultas a la población ya no son necesarias. “Ustedes me eligieron, ahora decido yo”. Sin embargo, he aquí el punto esencial, esta concepción de democracia se ha profundizado al extremo de violar y negar sus propios muros de contención, los propios mecanismos que separan a una democracia de una monarquía. Porque la diferencia esencial entre la democracia y la monarquía no es que la última es dirigida por un rey (algo que se parece mucho a los hiperpresidencialismos actuales), sino que, justamente, en la monarquía no hay ninguna instancia intermedia, no hay institucionalidad, no hay justicia, no hay, para decirlo claramente, ningún otro espacio de toma de decisión de poder, de razón de gobierno, que el del monarca. No hay ciudadanía que participe, Justicia que equilibre desde la imparcialidad, ni división de poderes ante el abuso autoritario. No hay pueblo, hay solo rey.

Lo que la coyuntura de los últimos meses ha venido mostrando es la marcada subestimación de las instituciones guardianas de la democracia que el gobierno intenta doblegar y manipular. El traspaso de un funcionario de gobierno al ámbito máximo de la Justicia independiente muestra a las claras la poca y nula importancia que la imparcialidad de la Justicia puede significar. Los intentos de “reformas” estatales, los decretos para la centralización de los recursos económicos de la provincia, dibujan el perfil de un gobierno cuya intención es clara: transformar el Estado en Gobierno, es decir, socavar las instituciones democráticas que deben resguardar al pueblo de los posibles abusos de sus gobernantes. 

En otras palabras, ¿puede haber democracia sin instituciones que resguarden al pueblo? La respuesta obvia es no. Sin embargo, el gobierno intenta borrar la división de poderes y desarmar la composición institucional pluripartidaria que debería tener todo Estado en su interior, para construir mecanismos “institucionales” dirigidos desde el Poder Ejecutivo.
El caso más patente es el intento de reforma del código minero. A través de esta modificación, todos los controles que garantizarían un funcionamiento y un control “democrático” de la actividad y sus proyectos, desaparecen en pos de una supra-autoridad (no estatal) sino de gobierno (es decir, de turno) capaz de autorizar y otorgar avales a la medida de sus deseos. Una vez más, ¿un gobierno que actúa por encima y contra la institucionalidad puede ser democrático?

Manuel Fontenla

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