martes 16 de julio de 2024
CARA Y CRUZ

La tregua

Por Redacción El Ancasti

Bajo el paraguas de la reforma constitucional, el Gobierno busca pactar con la oposición la suspensión de las primarias el año que viene y un paquete legislativo en el que se destacan la emergencia hídrica, el nuevo Código Minero y la ley de Educación Privada. La alianza que acaudillan los radicales, por el momento, solo ha planteado su voluntad de avanzar con la implementación de la boleta electoral única, pero ampliará seguramente la agenda una vez que los interlocutores seleccionados por el oficialismo para la reunión preliminar abran el juego en la Legislatura.

La reanudación de los contactos por la reforma se produce en un contexto nacional signado por tensiones intestinas tanto en la alianza gobernante como en la oposición. Un kirchnerismo duro que marca la agenda de Alberto Fernández en el terreno judicial cada vez con más énfasis, por un lado; el contra-macrismo engendrado bajo la consigna “Macri ya fue” que busca afianzarse, en la vereda contraria. 

Acotar el impacto de esas turbulencias nacionales en la escena provincial es un objetivo que el Gobierno y los jefes del principal bando antagonista comparten porque pretenden definir las listas nacionales sin condicionamientos forasteros. A ninguno le interesa sumar más comensales a sus mesas, mucho menos con horizontes nacionales tan inciertos.

El año que viene se renuevan tres de las cinco bancas de diputados y las tres del Senado. A los contendientes principales les conviene comenzar a ordenar el frente de batalla local y bocetar compromisos cuanto antes con los sectores de mayor gravitación, en tren de reducir el margen para que operadores nacionales empiojen la cancha con ventanillas alternativas. 

La suspensión de las PASO es funcional a esta meta compartida y la reforma constitucional podría ser una buena pieza para articular el blindaje, ya descartada, por falta de tiempo, la posibilidad de que las elecciones provinciales se celebren en marzo.

La noticia del nuevo intento fue difundida por el gobernador Raúl Jalil casi en simultáneo con la convención donde los radicales acordaron renovar sus autoridades el próximo 7 de febrero. Este acuerdo tuvo la solitaria disidencia de la Corriente Progresista Radical que lidera el diputado José Antonio “Chichí” Sosa, pero en contrapartida sumó a los sectores referenciados en el diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral y el exintendente de la Capital Ricardo Guzmán. La aspiración boinablanca es cerrar lista única y de ahí empezar la rosca para acomodar las candidaturas hacia octubre, sin el trámite intermedio de las PASO, que sería una oportunidad para desembarcos nacionales inconvenientes.

Por el lado del Gobierno, la reelección de Lucía Corpacci y Silvana Ginocchio como senadora y diputada nacionales es prácticamente un hecho. La disputa, ya lanzada, es por quienes las acompañarán. Jalil, Corpacci y el intendente capitalino Gustavo Saadi aspiran a resolver con criterio provincial, sin intromisiones nacionales y al margen de las divergencias entre Fernández, Cristina Kirchner y hasta el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa.

Las condiciones para avanzar en la reforma constitucional, de tal modo, están dadas porque sería un ingrediente provincial de muchísima gravitación para diluir la incidencia de las internas nacionales.

Por supuesto, todavía falta lo más arduo, que es construir confianza, entre el Gobierno y la oposición, y también entre las facciones de la oposición, donde el resultado de la convención es solo el inicio de la restauración de las relaciones.

Quedan solo dos semanas para que concluyan las sesiones ordinarias en la Legislatura, pero el Gobierno podría llamar a extraordinarias.

El miércoles, de todos modos, se tratará en Diputados, y seguramente rechazará, el juicio político contra los ministros de la Corte José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. Un indicio de la tregua. n

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