CARA Y CRUZ

Bandera blanca

viernes, 30 de octubre de 2020 · 01:02

En su última sesión, la Cámara de Diputados acordó el tratamiento preferencial del juicio político contra los miembros de la Corte de Justicia José “Pepe” Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, expediente que se tramita desde 2018 en la comisión de Asuntos Constitucionales y tiene tres despachos. Será el 18 de noviembre, en el penúltimo plenario del período ordinario.
Sorprendió que la moción fuera planteada por el oficialista Augusto Barros, presidente de Asuntos Constitucionales y protagonista de varios entreveros verbales con Cáceres, debido a que su bancada venía rechazando sistemáticamente las insistentes propuestas de la oposición en el mismo sentido. La razón era muy sencilla: al no tener la mayoría calificada de dos tercios de los miembros del cuerpo requerida para habilitar el juicio político, el tratamiento implicaba un rechazo seguro.

De modo que hay dos alternativas. O el oficialismo ha pactado con algunos legisladores de la oposición y reunió los brazos necesarios para proceder contra Cáceres y Sesto de Leiva, o se ha resignado a que no podrá desplazarlos y se conformará con hacer una catarsis testimonial antes de mandar el caso al archivo. No hay indicios de lo primero.
El proceso contra Cáceres y Leiva fue iniciado por el abogado justicialista Eduardo Andrada, con la imputación central de que ambos transgreden el mandato constitucional que impide a los jubilados ocupar puestos en el Estado en base a unos fallos amañados. 
Desde entonces han cundido los argumentos a favor y en contra, en un litigio en el que Cáceres asumió su propia defensa política y llegó a requerir a la Cámara baja que se expidiera de inmediato sobre su situación.
El oficialismo nunca consiguió superar la barrera numérica para llegar a los dos tercios, aunque la mayoría simple le alcanzó para diferir el tratamiento a la espera de una oportunidad propicia.

La Cámara de Diputados tratará el juicio político contra Cáceres y Sesto de Leiva el 18 de noviembre


Tal ocasión se dio en agosto, cuando madrugó a la bancada opositora y precipitó el operativo relámpago que derogó el Consejo de la Magistratura y amplió el número de miembros de la Corte de cinco a siete. Podría haber incorporado también allí el juicio político a Cáceres y Sesto de Leiva, pero no lo hizo, tal vez porque las posiciones en la alianza de Gobierno no eran tan monolíticas. En cualquier caso, desplazar a los dos ministros no era evidentemente tan prioritario.
Cáceres y Sesto de Leiva son los dos últimos sobrevivientes en la Corte de los tiempos en que gobernaba el castillismo. Se sumó a ellos, ya en la época de Eduardo Brizuela del Moral, Raúl Cipitelli, que dio el salto desde el Ministerio de Gobierno.
En 2016 vino la ampliación del tribunal ejecutada por Lucía Corpacci, en la que asumieron Miguel Figueroa Vicario y Vilma Molina. Los últimos ingresantes fueron Hernán Martel, desde el Ministerio de Seguridad, y Fabiana Gómez.
Vale decir que la gravitación numérica de los dos apuntados por un sector del peronismo se redujo drásticamente y su eyección tendría más un sentido simbólico que concreto en términos políticos. 
Las enconadas rencillas entre castillistas y saadistas parecen haber quedado ya sepultadas por el tiempo. 

La moción de Barros, en este marco, equivale a una bandera blanca para terminar con una controversia estéril. Salvo, por supuesto, que existan unos pactos muy subterráneos y el 18 de noviembre se produzca lo impensable: dos sorpresivos tercios de los integrantes de Diputados levantando el brazo para abrir el proceso y sentar a los dos ministros en el banquillo político. Como la fecha está fijada, será muy difícil que pasen inadvertidas maniobras tendientes a juntar el número como la de faltar al plenario para colaborar con las matemáticas.
Pase lo que pase, la sesión será un desafío a la imaginación de los contendientes para elucubrar diatribas diferentes a las que vienen gastando desde hace dos años. n

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