viernes 2 de diciembre de 2022

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CARA Y CRUZ

Los “justicieros”

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Por Redacción El Ancasti

Decía François Marie Arouet, filósofo y escritor francés, más conocido como Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos, más tarde o más temprano”. Es posible que esto haya sucedido esta semana en Tucumán y en Mendoza, donde dos hombres murieron a golpes propinados por gente enardecida, en un acto de mal llamada justicia por mano propia.
Las motivaciones son claramente diferentes en cada caso. En la vecina provincia, un hombre que había sido sindicado como posible autor del crimen y violación de Rocío Abigail Riquel, una nena de 9 años hallada muerta el sábado 17 de octubre en un barrio de la capital, fue linchado el miércoles 21 por un grupo de personas que lo buscaba junto a la policía tucumana desde el mismo día del hecho.
Se trataba de José Guaymás, quien había sido liberado tres días antes del horrible crimen de Abigail. Varios testigos habían declarado que vieron pasar a la nena de la mano de Guaymás, de 25 años. Y desde ese momento era buscado por la Policía, pero más intensamente por familiares y allegados a la víctima. Y estos lo hallaron. La autopsia reveló que la causa de su muerte fueron los golpes propinados por la turba exaltada.
Un día antes del “ajusticiamiento”, el papá de Abigail, Pablo Riquel, había expresado: “Les pido a las autoridades que tienen que buscarlo que se muevan, por favor, para que mi hija tenga justicia y descanse en paz”. A la mañana siguiente, él y su esposa Sofía se habían reunido con el fiscal del caso, Ignacio López Bustos. Éste les explicó cómo estaban llevando el caso. Buscaba evitar el ataque de los vecinos, porque precisamente temía que eso sucediera.
El sábado, apenas pasadas las 9, Abigail les dijo a sus papás que se iba a jugar a lo de una amiga. Nunca volvió. Siete horas después, tras la denuncia de sus padres por desaparición, la nena fue encontrada muerta a 400 metros de su casa. Estaba boca abajo, semienterrada entre montículos de tierra. El informe pericial indicó que fue asesinada mientras el atacante abusaba de ella. El violador intentó asfixiarla y la mató tras varios golpes en la cabeza con un bloque de tierra dura.
Si a Guaymás lo hubiera atrapado la Policía y la Justicia comprobaba el delito de abuso sexual con acceso carnal y homicidio criminis causae -matar para ocultar otro delito- la pena habría sido prisión perpetua. Solo una hipótesis. Ya nunca se sabrá.


El sábado pasado, Maximiliano Flores, de 33 años, fue asesinado a golpes por un grupo de vecinos por haber atacado en una discusión a su pareja en una casa de la calle Paso Hondo al 3.200, en Las Heras, Mendoza.
Unas horas antes, la mujer –de unos 30 años- había denunciado por violencia de género a Flores, razón por la cual la Policía envió un móvil a su casa. El acusado intentó regresar a ese domicilio y se topó con la custodia policial. Allí se abalanzó sobre uno de los uniformados e intentó quitarle el arma, pero no pudo y logró escapar. A las 4.30 el hombre regresó y empezó a agredir al policía. Los vecinos escucharon los gritos y decidieron intervenir: golpearon a Flores hasta dejarlo tendido en el suelo. Lo trasladaron al hospital Carrillo donde los médicos de guardia constataron su muerte por causa de la paliza.


Guaymás y Flores fueron víctimas de los “justicieros populares”. Ninguno llegó a sentarse en el banquillo de los acusados, bajo la órbita de la ley. Ninguno tuvo derecho a defensa. La Justicia fue reemplazada, “ipso facto”, por la revancha y la venganza, por el odio y el enceguecimiento de la gente.
Pero de poco sirve abundar acerca de las consecuencias, irreversibles en ambos casos. Sí, en cambio, insistir con que la causa de estos episodios es la falta de respuestas del Estado en un sentido amplio, es decir, de la Justicia y de la Policía.
Si un sospechoso de un crimen es capturado antes por los vecinos que por la policía, algo funciona mal en la investigación. Más aún cuando el fiscal había anticipado que temía tal reacción de la gente. Si un agresor no puede ser reducido por la policía y queda en manos de la locura, no hay dudas de su ineficacia.
Cuando el Estado no se ocupa de estas cosas, la gente empieza a funcionar con la ley de la selva.

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