viernes 2 de diciembre de 2022

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EL MIRADOR POLÍTICO

Socialización post-facto

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Por Redacción El Ancasti

Con la inminente sanción del nuevo Código de Minería en la Legislatura, el Gobierno podría regocijarse de haber completado en menos de un año su “reforma del Estado” si no fuera porque la administración pública, que incluye a los docentes, ha conseguido sortear la revisión de su régimen laboral.
Tampoco es para que se deprima demasiado.
En el ecosistema catamarqueño, interpelar a la burocracia estatal con propuestas diferentes al aumento de sueldos implica riesgos electorales demasiado grandes, lindantes con el suicidio político. Es mucho más complejo en ese campo desafiar la pasión deliberativa que, en presunta búsqueda de consensos tan absolutos como imposibles, suele camuflar la resistencia al cambio y, más atrás, los privilegios de los miembros más encumbrados del sector.
Es un diseño cómodo y conveniente para ambas partes. La administración pública sostiene el consenso en torno al gobernante mientras éste no incordie con iniciativas heterodoxas. Por su parte, el gobernante sabe que las concesiones a la administración pública son uno de los principales insumos para robustecer su popularidad, dentro de un amplio repertorio que va de la beca al punto índice y se complementa con el asistencialismo. Esta codependencia se ha hecho más férrea en la pandemia, durante la cual se extendió a otras fracciones sociales.
El Gobierno no puede aún encontrar la clave para superar el condicionante, pero avanzó sin dilaciones en otros frentes.
La reforma del Código de Minería se hizo con el método habitual, ya clásico.
Se anunció el propósito de quitarle a la Justicia la facultad de otorgar los pedimentos mineros y entregársela al Ministerio de Minería, para hacer más eficiente el control sobre el padrón y el comportamiento de los concesionarios. Expresadas sus pretensiones, el Gobierno aceleró las conversaciones con los actores del sector, ajustó los detalles del proyecto y lo giró a la Legislatura.
El objetivo es rediseñar el catastro minero y capturar a través de la sociedad del Estado CAMYEN áreas atractivas que le permitan posicionarse mejor en las negociaciones con inversores privados.
La duración de este proceso no llegó a tres meses. Muy expeditivo, si se considera el peso simbólico que tiene la minería en la cosmovisión política hegemónica local.
El Juez de Minas expresó reservas respecto de los perjuicios que la arremetida gubernamental podría acarrear a la seguridad jurídica y la oposición le hizo coro, pero estas manifestaciones, por otra parte bastante tibias, no tuvieron correlatos sociales importantes.

Otro estilo
Las líneas maestras del estilo que asumiría la administración de Raúl Jalil se exhibieron desde el principio, con el cambio del organigrama ministerial.
Uno de los aspectos del análisis en aquel momento pasó por las proporciones de la distribución de carteras entre las facciones oficialistas, al modo de las listas de candidatos: tanto para la tropa de la gobernadora saliente y diputada nacional Lucía Corpacci, tanto para el jalilismo, de acuerdo a las relaciones de fuerza. Para conformar a todos fue preciso duplicar la cantidad de ministerios.
Los casilleros que Jalil reservó a sus paladares negros abrieron especulaciones sobre las áreas en las que estribaría para construir su impronta particular de gestión, pero con el tiempo se advirtió lo epidérmico, o por lo menos incompleto de esta perspectiva.
El nervio de la reformulación pasaba por concentrar la administración de recursos y herramientas institucionales que hasta entonces estaban dispersos. El IPV y Vialidad Provincial, entes autárquicos, se incorporaron a la órbita de los ministerios de Vivienda y de Infraestructura y Obras Civiles. Los organismos de recaudación se unificaron en la Agencia Recaudadora Catamarca.
Estas disposiciones inaugurales se operaron por decreto y produjeron los primeros sismos de relativa importancia.
Jalil terminó de mostrar las uñas en vísperas del período legislativo, ya en cuarentena, y la oposición subió el voltaje de su discurso tratando de hacer pie en el malhumor del personal afectado por las disposiciones. Pero no hubo marcha atrás y los trabajos en rutas y entregas de viviendas forman parte central de la agenda proselitista del gobernador, aún con las restricciones económicas de la pandemia.
Los ruidos intestinos en el oficialismo fueron asordinados por Corpacci, que avaló públicamente los cambios.
En el frente judicial el embate fue más brutal, una operación relámpago: derogación del Consejo de la Magistratura y ampliación del número de miembros de la Corte de Justicia en 48 horas, rezongos de la oposición, creación inmediata de un comité de evaluación para reemplazar al Consejo derogado e incorporación de la UNCA al proceso de designación de jueces y fiscales y derivación de la controversia a la arena judicial, donde ahora maniobran el radicalismo y sus socios.

Socialización
El conflicto con los IES generalizó el uso del término “socialización”.
Se le reprocha a Jalil que no haya “socializado” la idea de transferir la educación superior del Ministerio de Educación al de Ciencia y Tecnología antes de llevarla a la práctica. Los alarmados por las obras de refuncionalización de la ex Casa de Gobierno adoptaron la jerga: el Gobierno no “socializó” el proyecto edilicio.
Socializar sería someter la decisión política al escrutinio general, mediante, por caso, audiencias públicas.
El modo en que Jalil aplica sus decisiones no permite concluir que no exista la “socialización” requerida. Lo que surge es una inversión de la secuencia: la “socialización” se precipita recién después de iniciar la ejecución de las políticas.
Así ocurre justamente con el caso de los IES. El traspaso está decretado, pero hay un debate en ciernes que coordinará la ministra de Ciencia e Innovación Tecnológica, Eugenia Rosales,
monitoreada por el ministro de Gobierno, Jorge Moreno. El tema, además, se incluyó en la agenda de la paritaria con la Intersindical docente.
Con los cambios en el régimen laboral de la administración pública ocurrió algo similar. Muy resistido por los gremios estatales, se giró un proyecto a la Legislatura tras largos cabildeos, de donde se lo sacó para meterlo en el COPES, también monitoreado por Moreno.

Pasión deliberativa
Esta socialización post-facto parece adecuada en una provincia donde todos los intentos para legitimar decisiones a través de debates previos naufragaron sistemáticamente frente a la resistencia corporativa.
La situación docente ilustra esta dinámica.
La multimillonaria inversión social en educación arroja resultados menesterosos en términos de calidad educativa. El análisis profundo de las razones y las eventuales soluciones a tal inconsistencia jamás se ha abordado, porque siempre se plantea en paritarias, junto y subordinado a la cuestión salarial.
Desenlace invariable desde hace al menos dos décadas: la cuestión salarial se resuelve, pero la discusión sobre el modo de revertir el derrumbe de la calidad educativa se difiere hasta la próxima paritaria, en la que el ciclo se repite.
El “statu quo” es estéril, todos admiten su lamentable condición y le echan la culpa al prójimo, pero el sector docente no se aviene a revisarlo porque teme perder derechos, en algunos casos, y canonjías, en otros. Mientras, rige un Estatuto Docente anacrónico, parchado parcialmente desde la década del ’70.
A parecer, el único modo de instalar una discusión trascendente es confrontar a los actores con los hechos consumados o a punto de consumarse.
De otro modo, hay que resignarse a lo que hace el Gobierno Nacional con el Consejo Económico y Social: sentar contertulios para suscribir un decálogo de buenas intenciones y obviedades con las que nadie podría disentir, celebrar lo monolítico del consenso alcanzado al declarar lo saludable que es amar a la humanidad y después dejar fluir la inercia hacia el fracaso.

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