CARA Y CRUZ

¿Un quiebre?

viernes, 23 de octubre de 2020 · 01:03

Al mando de Facundo Barros, la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública avanzará en las próximas horas con las indagatorias a los ex camaristas Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales, quienes prefirieron renunciar a sus cargos antes de someterse al juicio político derivado de un video en el que fueron registrados mientras recibían una supuesta coima.
Es un buen indicio que Barros proceda por la cuerda penal.
La dimisión de Da Prá y Morales fue un alivio tanto para la familia judicial como para el poder político, que temían una escalada escandalosa similar a la que se había producido durante el jury al exfiscal Roberto Mazzucco, en el que quedaron expuestos detalles nada edificantes de la Justicia local.
La conjetura más generalizada era que, caído el jury, el expediente penal se paralizaría al influjo de la misma intención corporativa de evitar mayores escarnios. Esta posibilidad –hay que ver qué celeridad le imprime Barros a la instrucción y hasta dónde llega- conlleva el inconveniente institucional de no esclarecer los hechos. Lo que hay es un video editado y viralizado por las redes sociales en forma anónima, el “estrépito foris” consecuente y la renuncia de los involucrados. Al no haberse producido el jury, las extensas lagunas de la trama deben ser cubiertas por la investigación penal que instruye Barros, en un debut de novela que representa una gran oportunidad para él.
Pese a la gran cantidad de corruptelas ostensibles que jalonan la historia provincial, los resultados concretos que puede exhibir la FIscalía de Delitos contra la Administración Pública son menesterosos y, en la magra producción, solo cayeron actores muy menores e ignotos.
En jerga popular, si la Justicia persigue y sanciona con mayor eficacia a los ladrones de gallinas, la Unidad de Delitos contra la Administración Pública se ensañó con vivillos dedicados al viático-menudeo, sin importunar a ningún presupuestófago significativo. Usos y costumbres.


Una investigación por compras de materiales de construcción en corralones vinculados a funcionarios de la Secretaría de la Vivienda en los tiempos que la acaudillaba el extinto ex gobernador Octavio Gutiérrez, por ejemplo, se inició con grandes alharacas que se diluyeron a poco de andar y la instrucción jamás subió en la cadena de responsabilidades. Si no se sabe, se intuye: la información sensible sobre sus superiores es uno de las mejores armas para defenderse que tienen los cuatro de copas cuando quedan en la mira judicial.
Similar derrotero siguió la causa por los alquileres de maquinaria truchos en Vialidad Provincial, y otra en la que había que hurgar entuertos opacos en Minería y CAMYEN.
Estos expedientes están en Delitos contra la Administración Pública, rumbo hacia la indefectible prescripción si nadie estimula su trámite.
En beneficio de Barros hay que decir que ninguno se abrió bajo su gestión, iniciada recién a principios de este año.


La causa Da Prá-Morales es la primera de relevancia política e institucional que acomete desde el principio, con una disidencia en las primeras fojas con el juez de Control de Garantías Ramón Porfirio Acuña referida a la constitucionalidad de proceder con la instrucción penal mientras los acusados permanecían en sus puestos de la Cámara de Apelaciones.
El incidente quedó sin materia por la renuncia de los camaristas, pero aún así está pendiente de resolución precisamente en la Cámara de Apelaciones que ambos dejaron, debido a que no puede integrarse porque los eventuales subrogantes se inhiben de intervenir.
Al mismo tiempo que una oportunidad para que el fiscal Facundo Barros comience a revertir el paupérrimo desempeño de la Fiscalía, la causa  puede servir para que los dos imputados desplieguen su versión de los hechos en terreno menos expuesto a las polémicas facciosas que el jury, donde lo que se evalúa principalmente el aspecto político de la conducta de los magistrados.

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