martes 29 de noviembre de 2022

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EDITORIAL

Una norma que unifique criterios

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Por Redacción El Ancasti

La regulación de ciertas actividades o las normas para castigar comportamientos nocivos se establecen, con demasiada frecuencia, luego de que el daño ya está hecho. No está mal que así sea, porque demuestra que las autoridades actúan con ciertos reflejos a los efectos de restringir o terminar con el efecto dañino, aunque lo ideal sería que se legislase con capacidad de anticipación, de modo de prevenirlos, lo cual no siempre es posible.

En esta misma columna, ayer dábamos cuenta del impulso a una ley para agravar las penas de las personas que matan corriendo picadas, iniciativa que surgió luego de la muerte, en esas circunstancias, de un niño de seis años. Otro caso que sigue la misma lógica, y conocido también en estos últimos días, se refiere a la prohibición de fumigar con agroquímicos a menos de 1.000 metros de las viviendas.

La particularidad de este último caso es que la medida no tiene como origen ni el Congreso, ni una legislatura ni un concejo deliberante, sino el juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de la ciudad de Rafaela, y tiene como antecedente el caso de una beba, Zoe Giraudo, oriunda de la localidad de Sastre y Ortiz, en Santa Fe, que padece un tumor causado por los agroquímicos que se esparcen en inmediaciones de lugares poblados. El fallo judicial alude solo a las fumigaciones terrestres, porque las áreas sí están reguladas por una ordenanza.

La resolución del magistrado es respecto de un amparo colectivo presentado en noviembre de 2018 por vecinos de Zoé, por entonces de dos años con diagnóstico de linfoma linfoblástico tipo T. Antes, los mismos vecinos se habían movilizado para reclamarle al Concejo Deliberante la sanción de una ordenanza que prohíba las fumigaciones a 200 metros del ejido urbano. La lucha dio sus frutos, pero la oposición de los productores y del propio Ejecutivo municipal fue más fuerte, y la norma terminó vetada.

El principal problema de la regulación de estas actividades es la inexistencia de una ley nacional que unifique criterios y facilite los controles y las eventuales sanciones. Abundan ordenanzas y unas pocas leyes provinciales con preceptos disímiles y grandes vacíos legales en un tema especialmente grave, porque la ciencia ha demostrado la estrecha vinculación entre el uso de agroquímicos y la proliferación, en las zonas afectadas, de enfermedades graves. 
Según estudios médicos difundidos por organizaciones ambientalistas, las personas expuestas a agroquímicos pueden desarrollar enfermedades como distintos tipos de cáncer, afecciones renales crónicas, malformaciones congénitas, esclerosis múltiple, hipotiroidismo, Parkinson y problemas reproductivos, entre otras. 

Los esfuerzos de organizaciones ambientalistas y de médicos para probar científicamente esta relación entre exposición a agroquímicos y enfermedades no deberían pasar inadvertidos, sino servir como argumento para que el Congreso de la Nación formule una nueva normativa para regular las prácticas de fumigación de modo tal que no afecte la vida de las personas ni de la fauna de los lugares donde se realiza.n

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