miércoles 7 de diciembre de 2022

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Por Redacción El Ancasti

Las divergencias oficialistas en torno al caso de Enrique del Carmen Ayber, intendente de Puerta de Corral Quemado condenado a seis años de prisión por el abuso sexual de una adolescente pero todavía el libertad, se terminaron cuando el gobernador Raúl Jalil se refirió al tema y dirigió las críticas al Poder Judicial. Fue después de que el jefe comunal tomó, por sugerencia del ministro de Gobierno Jorge Moreno, una licencia por 90 días. Habilitó de este modo la asunción de su viceintendente, Carlos Casimiro, y descomprimió el clima político, que había ido ganando en tensión a partir de un proyecto de intervención a la comuna que el diputado oficialista Daniel Lavatelli presentó tras la condena.

Aybar estuvo procesado por abuso siete años, maniobrando para dilatar el juicio. Entre la apertura del expediente y la sentencia se le iniciaron otras cuatro causas por el mismo delito, que se tramitan en Belén, y fue reelecto dos veces. 
La condena y el planteo de intervención de Lavatelli precipitaron un alud de cuestionamientos a su persona, en fuerte contraste con el generalizado silencio que, con muy pocas excepciones, la corporación política había guardado previamente. Son ejercicios de funambulismo habituales, que en esta caso se tornaron más enfáticos con el escándalo del diputado nacional salteño Juan Emilio Ameri, detectado mientras prodigaba eróticos mimos a su pareja en plena sesión virtual.
La catarsis tardía apiló otras tres iniciativas parlamentarias: dos de reforma de la ley orgánica de Municipalidades en la Cámara baja y otra de intervención en el Senado. La propuesta del Senado iba a tratarse sobre tablas al día siguiente de presentada, pero una oportuna amenaza de coronavirus frustró el debate.


Con coronavirus o no, Aybar ya había sacado licencia y la orden de Casa de Gobierno bajó terminante: bajar los decibeles de la polémica y dejar correr los plazos judiciales. Aybar casó la sentencia y su destino final está en manos de la Corte de Justicia. Si el tribunal confirma la condena debería empezar a cumplirla.

 "Es un tema de la justicia, yo no estoy a favor de la intervención, es un tema que lo tendría que haber resuelto el juez (Jorge Palacios). El juez tendría que haber resuelto la causa con la libertad o no del intendente. Se tiene que debatir en la Justicia. La justicia tendría que haber resuelto", marcó Jalil durante una recorrida por Tinogasta.
Los diputados se atuvieron a la directiva y comenzaron a tramitar con la oposición una declaración conjunta para exigir un pronunciamiento rápido de la Corte de Justicia. 

Todavía no alumbró, pero independientemente del eventual requerimiento, sería saludable proceder con la reforma de la ley orgánica de Municipalidades para establecer procedimientos institucionales en casos como el de Aybar, que en definitiva, por la nebulosa legal, quedó librado exclusivamente a su voluntad de tomar licencia o renunciar. Si la Corte no se pronuncia antes de que cese su licencia, ya a fin de año, podría retomar las riendas de la comuna. Obviamente, también cabe la posibilidad, remota, de que el tribunal revierta el fallo.
Si la casación se estira, Catamarca tendrá el dudoso honor de tener un intendente condenado por un abuso y sospechado de otros cuatro en ejercicio.

La analogía más inmediata es la del senador tucumano José Alperovich, sobre quien pesa una acusación de abuso de una sobrina que trabajaba con él como secretaria. Muy presionado, tomó licencia mientras se desarrolla la investigación.
Cuando reventó el caso Alperovich, a fines del año pasado, Aybar llevaba ya seis años procesado, pero a nadie se le ocurrió trazar paralelos entre ambos personajes. Y eso que la mujer que acusó a Alperovich no es menor, como la víctima del lord mayor belicho.
Escándalos y sobreactuaciones al margen, lo de Aybar puede ser útil para adecuar la legislación al clima social. Es la función principal de la Legislatura, además de declarar su beneplácito o repudio por lo que ocurre.

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