CARA Y CRUZ

Delincuentes protegidos

miércoles, 29 de enero de 2020 · 01:10

Tal vez la causa que sigue la Justicia Federal por la infiltración narco en la Policía provincial llegue a establecer la profundidad de la contaminación, pero hasta tanto, las víctimas del delito que no obtienen respuestas en Catamarca tienen bastante para reflexionar: mientras barajaban y barajan conjeturas sobre los motivos de su indefensión, un expediente judicial acumuló indicios suficientes como para detener a dos miembros de las fuerzas de seguridad y encartarlos por amparar bandas de narcotraficantes. 
Interesante paradoja: ciudadanos rasos, trabajadores, comerciantes y productores librados a su suerte y sometidos a interminables purgatorios burocráticos por un lado cada vez que denuncian; mercaderes de veneno protegidos por policías por el otro. 

Quien puede lo más puede lo menos, dice un adagio. Cuesta no inferir que el paraguas a los narcos no se extiende a otras actividades ilegales menos propicias a la cinematografía.


El incremento de la inseguridad en general no solo está vinculado al crecimiento de la exclusión social y la expansión de las drogas, sino también, acaso sobre todo, a la participación en el delito de sectores del Estado teóricamente a cargo de combatirlo. 

Así se explican los fracasos en el esclarecimiento de ilícitos como el del asalto a plena luz del día en uno de los accesos principales a la Capital un camionero que acababa de cobrar una entrega de granos en una finca.

¿Qué otro resultado es de esperar si hay policías dedicados a cubrir a los delincuentes? 
En la primera línea de investigación, antes de que los casos ingresen al circuito judicial, está la posibilidad de frustrar toda alternativa de resolución. 

Todo un método: los policías pueden justificarse en la inoperancia judicial, los fiscales y jueces en la complicidad policial con los malandras, y los miembros de la sociedad que sostienen el sistema con su esfuerzo deben resignarse a la impunidad.

Es otra de las aristas de análisis que se abre con las pesquisas por la infiltración narco. Negocios por fuera de la ley y tan nocivos como el tráfico de estupefacientes contaban con el eficaz amparo de efectivos policiales que se les negaba a emprendimientos lícitos como los agropecuarios. 
Una razón adicional para la reticencia de inversores.


Súmese la corrupción policial, cuyo alcance se desconoce, las deficiencias de un sistema judicial que se toma vacaciones y deja un solo fiscal de feria para todas las causas que surjan durante ese período. No se trata de privar de vacaciones a nadie, pero resulta evidente que el mero crecimiento vegetativo de la población y del delito mismo demanda adaptaciones: por más voluntarioso que sea un funcionario judicial, se verá indefectiblemente desbordado por los acontecimientos.


Los indicios de corrupción policial por el narcotráfico, independientemente del resultado que tenga el expediente federal, pueden servir como incentivo para otra discusión tendiente a mejorar la prestación del servicio de seguridad y justicia en general.

Sería un cambio significativo, una señal política alentadora, después de tanto tiempo en el que las autoridades se dedicaron al cómodo ejercicio de desacreditar las críticas mientras dejaban crecer el cáncer. Tan prescindente conducta no podía más que desalentar a los sin dudas numerosos cuadro policiales honrados postergados en beneficio de quienes prosperaban asociados a delincuentes y criminales. Hubo incluso sancionados por denunciar corruptelas que luego se revelaron ciertas. 

La Justicia Federal está haciendo su tarea. La política tiene pendiente no solo extirpar la corrupción de la policía, sino identificar, proteger y promover a los efectivos que se desempeñan decentemente en institución tan expuesta a las tentaciones. 

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