CARA Y CRUZ

La herramienta judicial

lunes, 27 de enero de 2020 · 01:05

Al declinar la competencia de la Justicia provincial para intervenir en los piquetes sobre la ruta 157 y objetar la apelación a la Justicia en general para resolver polémicas políticas, el juez Fernando Adet Caldelari deslizó algunas consideraciones que podrían ser controversiales sobre la crisis que atraviesa la municipalidad de Recreo, donde más 200 agentes fueron despedidos por el intendente Luis Polti.

Para Adet Caldelari, los poderes Ejecutivos deben agotar los recursos de sus poderes de policía para resolver el problema de los cortes de rutas o calles antes de recurrir a la Justicia, pues la judicialización “criminaliza la protesta social, lo cual conlleva un uso excesivo, exorbitante e injustificado del poder punitivo del Estado y pretende con la ley penal encontrar o darle una solución a un problema eminentemente político y social, generado en este caso por la acción arbitraria del municipio y la falta de habilitación de canales institucionales en el ámbito de los poderes competentes para tratar los reclamos de políticos y sociales”.

 “Corresponde contextualizar la situación social de quienes reclaman –argumenta- pues son personas que venían desempeñándose como empleados municipales con sueldos muy bajos y esto les priva repentina, inesperada y arbitrariamente de la fuente principal de ingresos, comprometiendo su supervivencia y condiciones de vida. La baja, desafectación o despidos de más de doscientos empleados o agentes municipales en forma inmediata al cambio de Gobierno y signo político pareciera estar solo justificada en cuestiones de índole política o ideológica; máxime si se tiene en cuenta casos de personas que se desempeñaban desde hace 3, 4, 5 o incluso 7 años como empleados municipales, lo cual se encuadraría expresamente en lo prohibido y penado  por la ley 23. 592 o ley antidiscriminación”.

Vale decir que, a criterio de Adet Caldelari, el conflicto recreíno es por culpa del intendente Polti, ya que las cesantías fueron producto de disposiciones no sólo “arbitrarias”, sino también posiblemente discriminatorias de la comuna, que encima no habilita los “canales institucionales” adecuados para resolver la controversia.

Bajo este razonamiento, los afectados por los despidos sí estarían en condiciones de recurrir a la Justicia para ir en contra de la administración Polti, en carácter de víctimas de discriminación política e ideológica.

Algún abogado habrá ya tomado nota de las opiniones del magistrado y su alcance jurídico. Los despedidos podrían incluso intentar acciones de amparo para conservar sus puestos hasta que se determine si los despidos fueron legítimos o, como los califica Adet Caldelari, arbitrarios.

La intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, que enfrenta también conflictos por despidos, empezó a explorar el camino judicial antes de que se conociera la sentencia de Adet Caldelari, si bien en su caso la que toma la iniciativa es la comuna, que atribuye ya formalmente en el terreno penal la crisis a las designaciones realizadas por el anterior intendente, Gustavo Roque “Gallo” Jalile.

El planteo, radicado el viernes por el secretario de Gobierno, Rolando Contrera, se agarra de seis decretos de nombramiento en planta permanente dictados por Jalile en contra de lo que le permitía el presupuesto y el pacto fiscal.

Sebastián Ibáñez, asesor legal del municipio chacarero, aportó como antecedente un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de junio del año pasado por el que confirmó una condena de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para el exintendente del municipio de Santa Rosa (La Pampa), Juan Carlos  Pierno, por la violación de ordenanzas municipales. 

“Ese accionar del municipio que se realizó en forma deliberada, actuando con dolo y con mala fe –explicó Ibáñez- fue una violación normativa para perjudicar a la nueva gestión. Además, en la denuncia se expresa textualmente  que hay una manipulación inescrupulosa de la necesidad de trabajo de cientos de ciudadanos de Valle Viejo. Ellos sabían que la designación era ilegal, producen un daño al municipio y a esas personas”. n

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