Editorial

Mensaje positivo

domingo, 26 de enero de 2020 · 01:00

El Poder Legislativo en la Argentina se erige tal vez como el principal símbolo de la ineficiencia del gasto público. Argumentos no le faltan a los que sostienen tal posición: el Congreso de la Nación, tanto como las Legislaturas provinciales y los Concejos Deliberantes de los municipios, son estructuras absolutamente sobredimensionadas para, por lo general, pagar favores políticos o para encubrir el desempleo real.

Sin embargo, es necesario hacer la siguiente aclaración: lo que el Estado gasta para mantener las estructuras del Poder Legislativo en sus distintos niveles de Gobierno es una cifra exorbitante e injustificable, pero no explica cómo algunos intentan señalar la causa de la crisis económica que vive la Argentina.

En todo caso, el gasto político desmedido tiene un valor simbólico negativo que expresa un despilfarro de los fondos públicos en erogaciones innecesarias, pero los montos a los que hacemos referencia son infinitamente menores que los que resultan de malas decisiones en política económica. 

Por dar solo un ejemplo, el Congreso Nacional tiene un presupuesto aproximado a los 400 millones de dólares por año sumando ambas cámaras. Ponerlo en moneda estadounidense ayuda a las comparaciones. Es un gasto altísimo, pero insignificante si se lo compara, por ejemplo, con la fuga de capitales que ha sufrido la Argentina en los últimos años: el promedio fue de 20.500 millones de dólares anuales (50 presupuestos del Congreso), y hubo un mes –agosto del año pasado- en el que la fuga superó los 5.000 millones de esa moneda.

De todos modos, el gasto político en la Argentina es significativo y, como se dijo, representa un pésimo mensaje de la dirigencia hacia la ciudadanía en tiempos de crisis.

Las provincias también ostentan gastos enormes e injustificados. Puestos esta vez en pesos, de acuerdo con un informe de la Fundación Libertad en base a los presupuestos del año pasado, las distintas jurisdicciones erogan en promedio más de 34 millones de pesos por cada uno de los 1.199 legisladores. El monto debería actualizarse según los presupuestos de este año.

El ranking de gastos por legislador lo encabeza Tucumán, con 85 millones, seguido por Chaco y la ciudad de Buenos Aires. Los distritos que menos gastan son Santiago del Estero (3,8 millones), San Luis y Mendoza. Catamarca se encuentra en la mitad de la tabla, en el puesto número 13, con aproximadamente 25 millones de pesos por legislador por año. El cómputo incluye, por cierto, a todos los empleados de los poderes legislativos provinciales. 

En algún momento deberá realizarse un estudio que determine con cuántos empleados pueden funcionar correctamente, por caso, la Legislatura de Catamarca. No para dejar sin trabajo a nadie, sino para pensar medidas que tiendan a bajar progresivamente la planta de trabajadores a partir de, por ejemplo, renuncias o jubilaciones, restringiendo nuevos nombramientos. 
Bajar el gasto político tal vez no solucione ningún problema de fondo, pero sin dudas sería un mensaje positivo de la dirigencia hacia la sociedad. n

Otras Noticias