EDITORIAL

Otro proyecto reformista

lunes, 20 de enero de 2020 · 01:01

Cada gobierno, cuando asume, trae su propio proyecto de reforma judicial, que aspira a ser de fondo, estructural. Y todos terminan su mandato sin lograr su ambicioso cometido, obteniendo apenas modificaciones parciales.

La voluntad de los gobiernos de impulsar la reforma y el fracaso recurrente en esa misión permiten inferir que hay unanimidad entre la dirigencia política respecto de la necesidad de mejorar la performance judicial, así como una resistencia al cambio que proviene de los propios tribunales.

Alberto Fernández concibe por estos días su propio proyecto reformista. Que ya estaba elaborado en sus trazos gruesos desde la campaña proselitista, pero que ahora empieza a precisarse en los despachos de dos flamantes funcionarios: la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz.

Por lo que se conoce hasta ahora, la iniciativa propone, entre otras cosas, cambios en el sistema de selección de jueces, generar mecanismos de mayor transparencia en el sistema de sorteo de causas, fusionar los fueros penales, federal y de instrucción, otorgar mayor poder de investigación a los fiscales en causas de narcotráfico y evitar que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tenga incumbencia tanta en las investigaciones judiciales.

La pérdida de poder de la AFI respecto de su incidencia en la Justicia, tal vez, la más innovadora de todas las modificaciones que se propician, y la que más resistencia genera en algunos sectores. El diagnóstico para impulsar los cambios señala que la actividad de los "espías", muchos ellos sin ningún control de los otros poderes del Estado y con financiamiento de sus actividades asegurado, ha sido determinante para influir en el rumbo de la investigación de algunas causas judiciales. Ese descontrol genera muchas dudas y suspicacias sobre la legalidad de esas actuaciones.

La reforma apunta a restringir la autonomía de los agentes de inteligencia, convirtiendo a la AFI en un organismo auxiliar de la Justicia, con mucho más control. Además, propone la eliminación de los gastos reservados que funcionaban como fuente de financiamiento de actividades dudosamente lícitas.

La propuesta ya había sido enunciada en términos políticos durante el discurso de asunción del actual presidente de la Nación: “Nunca más la Argentina debe tener una Justicia contaminada por servicios, operadores judiciales y procedimientos oscuros”, dijo Fernández el pasado 10 de diciembre.

Habrá que aguardar el devenir de los acontecimientos para avizorar si la reforma del actual gobierno prospera según sus propósitos. Un dato a favor es que la iniciativa, como otras de Fernández, empezó a germinar casi en consonancia con el inicio de la gestión, lo que le otorga mayores chances de avanzar por la fortaleza de origen del gobierno.  Pero es necesario ensayar una última acotación: no habrá cambios formales eficaces si la Justicia sigue siendo consecuente con su misión de caerle con todo el peso de la ley a los débiles y apelar a todos los recursos con los que cuenta para postergar indefinidamente la resolución de las causas que involucran a poderosos.

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