jueves 28 de marzo de 2024
Editorial

¿Sirven los debates entre candidatos?

La pregunta enunciada en el título genera controversias, sobre todo porque Argentina no...

Por Redacción El Ancasti

La pregunta enunciada en el título genera controversias, sobre todo porque Argentina no tiene una tradición al respecto. Desde el retorno de la Democracia se da una constante: el candidato que corría con ventaja prefería no hacerlo y de esa manera no correr el riesgo de perder adhesiones y comprometer sus chances. Por el contrario, los que corrían de atrás apostaba a su realización con la expectativa de sumar votos y de que el favorito los pierda. Si uno no quería, y no había ley que los obligara, el resultado era siempre el mismo: no había debate.

El 2015 fue un punto de inflexión. Si bien no se hizo en la previa de los comicios de octubre, sí se concretó poco antes del balotaje.

El candidato oficialista, Daniel Scioli, aceptó porque el resultado de las generales había dejado mejor parado a Cambiemos. Y Mauricio Macri también porque el postulante opositor siempre tiene la ventaja de la crítica a la gestión nacional.

Los debates desde este año son regulados por una ley aprobada en 2016. Habrá dos antes de los comicios. Sin embargo, la institucionalización de estas instancias no despeja los reparos que se le formulan a los debates. El principal de ellos es la utilidad. Quienes fustigan la mecánica se preguntan de qué sirve prestar atención a lo que dicen los candidatos si no hay una correspondencia obligatoria entre lo que se anuncia o promete en los debates y su cumplimiento efectivo en la realidad, una vez que el postulante resultó electo.

En Catamarca rige una ordenanza para los candidatos a intendentes de San Fernando del Valle de Catamarca, y en la Legislatura se presentaron varios proyectos, pero ninguno prosperó.

A nivel nacional, Macri hizo, en aquella jornada de noviembre de 2015, varias promesas factibles de ser verificadas: los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias; construir 3000 jardines de infantes; crear el Plan Primer Empleo; extender la Asignación e incluir a los hijos de monotributistas; crear trabajo, cuidando los que tenemos; lanzar el Plan Belgrano, con US$16 mil millones de inversión en infraestructura para el Norte del país; lograr  una Argentina con Pobreza Cero; bajar la inflación a un dígito; generar un millón de créditos hipotecarios a treinta años: implementar la computadora en primer grado; sancionar la ley del arrepentido.

De todas ellas, casi cuatro años después, solo se cumplieron acabadamente dos: la extensión de la Asignación y la sanción de la ley del arrepentido. El Plan Belgrano, por su parte, fue creado, pero la inversión destinada al Norte Argentino en infraestructura fue mucho menor a la señalada. Las demás no fueron cumplidas ni se cumplirán en lo que queda del mandato.

Tal vez sea un buen momento para generar alguna iniciativa que establezca una vinculación obligatoria entre las promesas y los actos de Gobierno. O al menos evaluaciones institucionales periódicas de la marcha de las propuestas, de modo que, si no hay castigo para el incumplimiento, al menos quede el mandatario incumplidor formalmente expuesto ante la opinión pública. 

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