EDITORIAL

El pueril debate sobre el hambre

Adictos a las discusiones, los argentinos debatimos en estos días si existe o no el hambre en el país. Una parte del “mérito” de la instalación de este tema como objeto de controversias le corresponde al senador Miguel Ángel Pichetto, que en su defensa del Gobierno nacional opinó...
jueves, 19 de septiembre de 2019 · 02:20

Adictos a las discusiones, los argentinos debatimos en estos días si existe o no el hambre en el país. Una parte del “mérito” de la instalación de este tema como objeto de controversias le corresponde al senador Miguel Ángel Pichetto, que en su defensa del Gobierno nacional opinó que los planteos realizados por algunos sectores, particularmente las organizaciones sociales que casi a diario copan las calles de las principales ciudades del país, son exagerados. Es más, llegó a decir que en la Argentina no hay hambre.

Esta pueril discusión podría saldarse con relativa facilidad si se recurrirse a las estadísticas respecto de la población que es considerada en situación de indigencia. Se sabe que son indigentes aquellas personas que no pueden cubrir con sus ingresos la canasta básica de alimentos. En función de este razonamiento, debería decirse que la población con déficit de alimentación en la Argentina existió siempre, aun cuando en tiempos del INDEC kirchnerista las estadísticas oficiales negaban la realidad.

Los datos de la Universidad Católica Argentina (UCA) indican que en 2015, por ejemplo, la indigencia alcanzaba al 5,3 por ciento de la población. En los últimos dos años, los índices de pobreza e indigencia se han disparado. Según las últimas mediciones, con datos correspondientes al primer trimestre de este año, la indigencia ha trepado al 7,1 por ciento de la población. Pero como este último registro es de comienzos de año, y en los meses subsiguientes el deterioro social continuó e incluso se profundizó, se estima que a fines de 2019 la población en esta situación podría llegar al 8 por ciento.

Las organizaciones sociales se han convertido en un sujeto político insoslayable para cualquier análisis lúcido de la realidad. Para las posiciones cercanas al Gobierno nacional, constituyen un factor de desestabilización y están corrompidas, copadas por dirigentes a los que la pobreza les interesa muy poco y en realidad solo buscan réditos políticos y económicos. 

Para los defensores de estas organizaciones, sus demandas son genuinas, constituyen estructuras participativas y solo procuran el bien común, luchando por la justicia y los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Entre ambas visiones, sesgadas sin dudas por perspectivas ideológicas distintas, hay una intermedia que rescata los reclamos de las organizaciones como el ejercicio de un derecho genuino, las valora como estructuras de contención de la protesta social, pero reconoce también que están inmersas en disputas internas y, a veces, hegemonizadas por dirigentes que representan más a interés políticos sectoriales que a las demandas del colectivo.

Parece inevitable que la discusión sobre la problemática del hambre y del rol de las organizaciones sociales adquiera en estos tiempos connotaciones de tipo electoral. Pero los verdaderos estadistas tienen que saber despejar estas interpretaciones acotadas e interesadas y rescatar lo verdaderamente importante e indiscutible. La indigencia y el déficit en la alimentación afecta en serio a millones de personas y es deber del Estado generar las políticas que acaben con estos flagelos.


 

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