CARA Y CRUZ

Análisis parcial

jueves, 12 de septiembre de 2019 · 02:03

El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina, advirtió que hay más de 300 puestos laborales directos e indirectos en peligro por la paralización de la obra de entubamiento del río Los Patos, proyectada para incrementar la producción de litio de la firma Livent, sucedánea de Minera del Altiplano, en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra.
Al manifestar su legítima inquietud por el destino de los trabajadores, Molina de hecho oficia de vocero de la empresa, sobre cuyas responsabilidades nada apunta respecto del problema medular: la falta de licencia social para la actividad minera.
Apenas hizo una referencia general, atenuada.


“Por ahí algunas compañías no cumplían con lo del 70/30 para la contratación de empleados y es lo que genera hoy este conflicto", dijo.
No es “por ahí”. Los incumplimientos empresarios, y la falta de políticas empresarias dirigidas a demostrar a las comunidades pueden beneficiarse con la minería, es uno de los motivos principales de la falta de licencia social, junto a la lamentable administración de la renta proveniente de la actividad por parte del Estado y la opacidad bajo la que se desarrollan las tratativas entre representantes del sector público e inversores del sector privado, que involucran millonadas.
En este mismo espacio se consignó, por ejemplo, la prescindente actitud de las autoridades frente a ostensibles especulaciones con pedimentos mineros, ahora que el litio se ha puesto de moda. Conocidos personajes gestionan la adjudicación y luego no pagan los cánones ni hacen las inversiones que deberían. Se limitan esperar que aparezcan interesados para recién poner los papeles en orden y vender los derechos tan fácilmente adquiridos. Nada se hace para purgar el padrón de especuladores, curiosa omisión si se considera que el Estado catamarqueño tiene una sociedad, CAMYEN, que podría hacerse con los pedimentos que eventualmente sean anulados.
¿No le parece a Molina que situaciones como la descripta contribuyen a la desconfianza hacia actividad minera?
Un puñado de vivos bien conectados se enriquece mientras las comunidades que en teoría deben beneficiarse languidecen en el atraso.

La reacción de los antofagasteños es, por consiguiente, lógica. Independientemente de los eventuales perjuicios ambientales, juega en su evaluación la incertidumbre por lo que pueda llegarles del negocio del litio.
En tal sentido, Eduardo Aroca señaló en una nota publicada en este diario el contraste entre lo que significó para la puna salteña la extracción del litio en Catamarca y su nula incidencia en territorio catamarqueño.
“La materia prima es transportada contra declaración jurada a Salta, donde es procesada. Eso lo hace diariamente Tincalayu y FMC o Livent. La elaboración de bórax decahidratado, pentahidratado y anhidro trajo una actividad económica fenomenal a la puna salteña, donde tienen ferrocarril y gas natural. ¿La Puna catamarcana? Bien, gracias”, explicó.

AOMA podría contribuir significativamente a la reversión del sentimiento antiminero si complementara la preocupación por los puestos de trabajo en peligro con un análisis completo de las circunstancias que condujeron a este desenlace en Catamarca, que deslinde responsabilidades, con las del sindicalismo incluidas.
El sindicalista objetó los proyectos que, estribando en la controversia por el acueducto Los Patos proponen, convertir en área protegida la zona.
"Por ahí hay actores de la política que aprovechan un momento para tomar protagonismo cuando creo que no son los más idóneos para hablar del tema. La Secretaría de Minería tiene un buen equipo que está realizando los controles ambientales", dijo.
“Por ahí” es así. Pero su crítica queda renga al no marcar otros responsables de la carencia de licencia social, que no son justamente ambientalistas.

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