Cuatro clínicas “amonestadas” debido a que en ellas se cobra el plus médico a afiliados de la OSEP es cosecha demasiado módica como para considerar exitosa la ley antiplus, sancionada el año pasado y reglamentada a principios de éste, a gusto y paladar del nitroglicerínico secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Walter Arévalo.
Que la nalgada se haya aplicado en coincidencia con el reinicio del paro que obligó a la Municipalidad a improvisar un dispositivo de emergencia para recolectar la basura, a pocos días de las elecciones PASO, debe ser una casualidad.
Si no lo fuera, y se inscribiera en una estrategia tendiente a apaciguar la ira de Arévalo y hacerlo desistir de la huelga, la candidez de los estrategas es preocupante, pues el sujeto no se caracteriza por lo ajustado de su sentido de las proporciones o lo razonable de sus criterios. Difícil que comprenda que la medida es la única que se puede tomar de acuerdo a la ley promovida por él mismo.
No es posible hacerle entender a Arévalo, por ejemplo, que la ley antiplus, para cuya sanción incordió a los vecinos capitalinos durante meses, obstaculiza antes que facilitar la erradicación de la práctica.
OSEP no precisa de leyes adicionales para sancionar a quienes incumplan el convenio, pues puede proceder a la rescisión con causa cuando esto ocurre.
La ley antiplus le vino como anillo al dedo para continuar evitando solución tan tajante, al establecer procedimientos burocráticos cuyo cumplimiento puede llevar años, sin considerar las indefectibles judicializaciones.
Por eso, y no por las desmesuras de Arévalo, que se abraza a la bandera antiplus con ademán revolucionario, se sancionó. Alguien con seso advirtió que la mejor manera de atenuar las rabietas de Arévalo era darle con el gusto. Fue una salida coyuntural que proporcionó en su momento el respiro correspondiente, devenido menos de la propia ley que de la sensación de Arévalo de haber protagonizado una gesta similar a la Revolución Cubana.