jueves 28 de marzo de 2024
Cara y Cruz

Al límite de la paciencia

Cinco meses desde el inicio del reclamo, cinco días consecutivos de quite de colaboración y...

Por Redacción El Ancasti

Cinco meses desde el inicio del reclamo, cinco días consecutivos de quite de colaboración y otros tantos alternados en las últimas semanas. Colas interminables, mala atención, público perturbado y un clima de tensión permanente. El conflicto en la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) conjuga una política estatal errática de los recursos humanos y una conducción deficiente con el oportunismo de un sector gremial que ve en el año electoral quizás la última chance de obtener tajada. Y todo eso a caballo de la tolerancia de la mayor víctima: el afiliado. 
Esta semana fue, sin dudas, la peor de todas desde que comenzó el reclamo de los empleados de OSEP por la actualización de un adicional específico que quedó congelado en el tiempo. Porque esta vez la protesta redujo al mínimo la atención al público. El paro de brazos caídos se extendió entre las 7 y las 13 y una sola ventanilla quedó habilitada para recibir los pedidos de centenares de afiliados. Como excepción, se atendían casos urgentes o de gente del interior. Como era previsible, el desborde de la obra social fue total. La gente debió esperar entre 3 y 4 horas solo para comprar una orden de consulta. Y las reacciones agresivas contra los empleados fueron lógicas. Pero no faltaron, además, las quejas contra los directivos de OSEP y, por elevación, contra el Gobierno. 


El problema tiene dos aristas claras, Por un lado, los empleados de OSEP exigen cobrar lo mismo que el Ejecutivo paga a sus pares de otras reparticiones recaudadoras. Dicen saber, por caso, que mientras ellos no consiguen redondear un adicional de $7.000, en Rentas un empleado de la categoría más baja percibe $32.000 por ese ítem. 
Otras dependencias como Capresca y el IPV también liquidan adicionales a sus empleados, al margen de los salarios básicos del escalafón general. Son los principales, pero no los únicos casos de áreas del Estado provincial cuyos empleados tienen una remuneración bien diferenciada respecto a la mayoría. 
Esta estratificación de organismos más y menos favorecidos en el plano salarial se extendió caóticamente en la gestión Brizuela del Moral, cuando se autorizaron adicionales por distintos conceptos pero sobre todo más en oficinas con manejo de dinero. Así, se crearon una suerte de “guetos” privilegiados en la administración pública, no sujetos al criterio de movilidad de la carrera administrativa y de dudosa equidad laboral. 
El Gobierno actual mantuvo esa división. Y los que quedaron rezagados antes siguieron igual. Es el caso de los empleados de OSEP, que no se sienten menos que sus pares de Rentas o del IPV. El problema hoy es que el presupuesto provincial está estrecho. Así se los hizo saber la cartera de Hacienda a los gremialistas.


La otra arista es la torpeza de la conducción de OSEP. Los gremialistas guardan las actas de las reuniones que mantuvieron con el director, Julio Cabur, en las que éste comprometía una solución favorable al reclamo, incluyendo planillas modelo para empleados “rasos” y para los auditores. Es más, hasta tienen un video de una asamblea en la que Cabur les asegura que cuenta con el guiño de Hacienda para pagar deuda y adicionales actualizados en dos tramos –junio y julio-, lo que por supuesto no ocurrió. 
El miércoles pasado, cuando cientos de afiliados estaban al borde de un ataque de nervios en el salón del organismo y una mujer se descompensó en la fila y debió ser atendida recostada en las sillas de espera, todos esperaban que Cabur tomara el toro por las astas y pidiera un cese a la protesta. No lo hizo. 
Finalmente ayer la DIL dictó la conciliación obligatoria y el lunes la atención será “normal”. Trascendió que el propio Cabur se negaba a tal medida por cuanto implicaría reconocer como gremio formal a una entidad que apenas tiene “inscripción gremial”. Le guste o no, la semana próxima deberá sentarse a dialogar y buscar una salida. 
Porque el interés supremo a defender es la salud de los afiliados, más allá de sus desencuentros internos con Hacienda o sus pequeñas peleas con un grupo de empleados a los que denuesta, pero que al fin y al cabo le demostraron que pueden paralizar el organismo.n

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