La pronunciada caída del empleo privado registrado en la Argentina en los últimos años -solo en 2018 se perdieron alrededor de 270.000 puestos de trabajo según los datos difundidos el miércoles pasado por el Ministerio de Producción y Trabajo- tiene como contraparte un leve crecimiento, pero crecimiento al fin, del empleo público. En el último año la cantidad de empleados públicos se incrementó en un 1 por ciento, lo que significa alrededor de 4.000 personas más en el Estado.
En Argentina actualmente alrededor del 20 por ciento de los trabajadores reviste en el sector público -el porcentaje varía un poco hacia arriba o hacia abajo según los estudios-, pero la mayor cantidad se concentra en provincias y municipios, antes que en el Estado nacional. Y existen riesgos ciertos de que, como suele suceder en años electorales, haya en los próximos meses un incremento de nombramientos en la planta estatal.
La respuesta respecto de si el número de empleados públicos es excesivo o no está supeditada a algunas reflexiones previas. El país tiene un porcentaje superior a la mayoría de los países latinoamericanos, pero menor a países de gran desarrollo y bienestar social, como varios de los europeos: Noruega tiene el 34 por ciento de sus trabajadores cumpliendo funciones en el Estado, Dinamarca el 32 por ciento, Suecia el 26 por ciento y Francia el 22 por ciento, solo por citar algunos.
Pero vale la pena detenerse a analizar la calidad del empleo en esos países desarrollados en comparación con la que se genera en la Argentina y la eficiencia del sector público en aquellas naciones respecto de la nuestra. La distancia es enorme.
Una buena proporción de los empleos públicos en la Argentina, particularmente en provincias y municipios, sirven para evitar que se disparen los índices de desempleo. La falta de oportunidades en el sector privado compele a gobernantes a becar, contratar y seguramente luego a nombrar en la planta de personal del Estado a personas que de otra manera estarían desocupadas.
Catamarca ostenta uno de los porcentajes más altos de empleados públicos sobre el total de puestos laborales: alrededor del 35 por ciento, siendo superada solo por Santa Cruz y La Rioja. Es decir, quince puntos porcentuales más que el promedio nacional.
El nombramiento de trabajadores en el sector público debería estar atado a razones de eficiencia respecto de los servicios que presta el Estado en sus distintos niveles, sobre todo en sectores clave como Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo Social, no a criterios asistenciales o clientelares, como los que predominan habitualmente.
Para ello es necesario activar políticas orientadas al desarrollo de las potencialidades productivas de cada región, de modo de generar empleo privado de calidad. El Estado debe regular, acompañar y sostener ese desarrollo productivo, pero no convertirse en el gran empleador porque, ya ha quedado demostrado, desata de esa manera procesos insustentables en el mediano y largo plazo. n
