jueves 28 de marzo de 2024
EDITORIAL

De vida o muerte

Por Redacción El Ancasti

El deterioro de los indicadores sociales producto de la crisis tiene implicancias en el cuidado de la salud entre los argentinos. Y no sólo por los recortes presupuestarios que se vienen produciendo desde hace tres años en la salud pública. La pérdida de empleos, por ejemplo, significa también, si es que la persona despedida no tiene su cónyuge trabajando en blanco, la pérdida de la obra social para él y su grupo familiar.

En el caso de las personas que padecen enfermedades crónicas, graves o poco frecuentes, quedarse sin cobertura de salud es, a veces, una cuestión de vida o muerte, literalmente. Se registran casos de enfermos que, al perder la obra social y no tener los recursos económicos para afrontar los tratamientos, dejan de someterse a ellos o lo hacen de manera discontinua, con las consecuencias que cualquiera puede imaginar.

Al mismo tiempo, las obras sociales han ingresado en un proceso lento pero continuo de desfinanciamiento. Es que los gastos suben al ritmo de la inflación, o incluso más rápido, pero los ingresos se incrementan de una manera mucho más lenta, pues dependen del nivel salarial de los trabajadores que aportan.

Respecto de las prepagas, el incremento de las cuotas no está atado a los salarios sino a la autorización gubernamental. En términos generales, los aumentos han emparejado al del nivel general de los precios. La cuota de la medicina prepaga representa actualmente el 28,2 por ciento de un salario promedio del sector formal, y alcanza niveles altísimos en el caso de la clase pasiva, pues llega al 77 por ciento de la jubilación media, según un informe elaborado por la Universidad de Avellaneda.

Lo que se observa en este caso es que son cada vez más los usuarios que desertan por la imposibilidad de afrontar el gasto. En este contexto, la Superintendencia de Servicios de Salud autorizó a las empresas de medicina prepaga a que limiten los servicios que prestan a sus clientes para abaratar costos. Es decir, podrán ofrecer planes parciales de cobertura ambulatoria o de internación. Pero eso, en la práctica, significará que se dejará de garantizar la totalidad de las prestaciones médicas, como lo establece la ley del Programa Médico Obligatorio (PMO).
La Unión de Usuarios y Consumidores sostiene que la resolución de la Superintendencia es, precisamente, violatoria de la ley. Sin embargo, las empresas de medicina prepaga ya han comenzado aplicarla y a ofrecer estos servicios parciales a sus clientes, antes de que se vayan del sistema.

Más allá de las controversias legales que puedan originarse, lo que no da lugar a dudas es que la medida dictada por el Gobierno favorece a las empresas del rubro, pero implica en la práctica una restricción al derecho a una salud de calidad para los clientes. Restricción que, como se ha señalado, afecta a cada vez más argentinos, lo que debería llamar la atención de las autoridades con competencia en el tema para que se generen políticas inclusivas en materia de salud.

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