CARA Y CRUZ

Vicios no tan ocultos

viernes, 3 de mayo de 2019 · 04:10

El concepto vicios ocultos es utilizado en el ámbito de la construcción para definir defectos de las obras imperceptibles a primera vista. Vendría al pelo para describir las últimas peripecias la causa judicial abierta hace 15 años para investigar el megafraude de los cursos de capacitación truchos pagados por la entonces Secretaría de Desarrollo Social, si no fuera por el archivo.


Jorge Díaz Martínez, abogado de las ex funcionarias del Ministerio de Hacienda Susana Beatriz de la Colina y María Cristina Barros de Voget, planteó la nulidad de la causa porque dos pericias demostraron que los expedientes administrativos, base probatoria del proceso, “fueron objeto de distintas adulteraciones, extrapolaciones y otras manipulaciones”. En criollo: la prueba es inválida y por consiguiente tendrán igual rango las conclusiones jurídicas que de ellas. 

Adicionalmente, solicita el sobreseimiento de sus clientas por violación del plazo razonable de investigación, argumento que adquiere más fuerza desde que la Cámara Nacional de Casación Penal absolvió al ex presidente Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas de Croacia y Ecuador debido a que, transcurridos 23 años de los hechos, se había violado "la garantía del justiciable a ser juzgado en un plazo razonable”. Esta del megafraude lleva tres lustros sin alumbrar.

Lo de la adulteración de los expedientes era sabido desde la génesis misma del proceso judicial.  “Desde un inicio las imputadas manifestaron que los expedientes administrativos que les fueron exhibidos en el acto de la indagatoria no eran lo que se tuvieron a la vista al momento de su intervención”, recuerda el abogado en su planteo.


Se trata de una deficiencia de ardua reversión. Los expedientes objetados desaparecieron de la Tesorería de la Provincia en el inicio de la causa, allá por octubre de 2004, y luego volvieron a aparecer ya inservibles como prueba. Esta misteriosa sustracción generó entonces una fuerte polémica, en la que rodaron las cabezas de los responsables de Tesorería y Contaduría General de la Provincia en base a una breve investigación administrativa de la Fiscalía de Estado en la que no tuvieron posibilidad de ejercer su derecho a defensa. Barros de Voget y De la Colina ocupaban respectivamente los puestos de Contadora General y Subcontadora General.


De El Ancasti del 16 de febrero de 2005: “La defensa legal de la ex subcontadora general de la Provincia, Susana de la Colina, presentará un recurso de hábeas data para que la Justicia obligue a Fiscalía de Estado a informarle sobre los resultados de las actuaciones en base a las cuales el Gobierno separó del cargo a la funcionaria, junto al Tesorero general de la Provincia y al Subtesorero, en el marco de la causa por el fraude de la Secretaría de Desarrollo Social.”

Díaz Martínez señaló en este marco que “el Gobierno anunció que tomó medidas respecto a tres funcionarios y hasta el día de hoy los afectados no conocen ni se les permite conocer los cargos por los que se los acusa”. Añadió que tal información era “importante” porque “en ella constan las pruebas, testimonios que se han recabado, cómo están los expedientes que de hecho estuvieron perdidos y luego volvieron a aparecer, lo que motivó un sumario administrativo interno en Contaduría”.
El tesorero Alex Soto Hernández y el subtesorero Santiago Benjamín Bordón publicaron en la misma edición una solicitada en la que renegaban de lo mismo que De la Colina y recordaban que el sumario por la desaparición de los expedientes, finalmente adulterados, había sido requerida por ellos mismos.

La única explicación que se dio para las desvinculaciones fue que obedecían a una decisión del gobernador Eduardo Brizuela del Moral.

15 años después, los expedientes robados y adulterados vuelven al ruedo. Para poner una causa por corrupción en la cornisa del naufragio.

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