CARA Y CRUZ

Un final cantado

lunes, 27 de mayo de 2019 · 04:03

Si algo estaba claro desde el principio del enrevesado debate por la Ley Antiplus era que se trataba de una norma absurda, por lo redundante e impracticable: no se podía prohibir lo que ya estaba prohibido. El cobro de una suma extra a los afiliados de OSEP siempre fue ilegal, porque los convenios firmados entre la obra social y los prestadores establecían taxativamente que el valor de la prestación era el acordado. Ni un peso más.
Sin embargo, como los profesionales, en especial los médicos, sostenían que OSEP –y casi todas las obras sociales- no respetaba el “mínimo ético” establecido en el orden nacional para sus prestaciones, no les quedaba más alternativa que exigir una suma adicional al afiliado para compensar. Y así se creaba una relación tensa entre prestador y afiliado: el primero exigía un pago adicional -en negro, por supuesto- y al segundo no le quedaba más alternativa que aceptarlo callado la boca.
Pero cada tanto afloraban los cuestionamientos contra OSEP por el plus, y ésta se defendía exhortando a los afiliados a que hicieran las denuncias de los prestadores y exigieran una factura o comprobante formal por el cobro del extra. Porque solo así estaría en condiciones de actuar. Nada más utópico: ningún paciente denunciaría a su médico, a menos que esté resignado a buscar otro. Y ningún prestador otorgaba un papel por el cobro del plus.
Así tal situación se mantuvo inalterable por años. Hasta que apareció en escena Walter Arévalo, el belicoso líder del SOEM capitalino, quien, indignado por el golpe al bolsillo de los municipales que implicaba el cobro del plus médico, inició una verdadera cruzada para conseguir la sanción de una ley que prohíba y castigue lo que ya estaba prohibido y era punitivo.


Arévalo y sus muchachos hicieron lo que mejor les sale: paralizaron el servicio de recolección de residuos en la ciudad, pese a que el problema lo tenían con la Provincia y no con el municipio, y protagonizaron virulentas movilizaciones en Casa de Gobierno y la Legislatura, con huevazos y derrame de contenedores. El sindicalista incluso se permitió vapulear a los senadores que se quejaron del “basurazo” en la puerta del edificio. “La basura está adentro”, dijo desafiante.
Finalmente todo le salió como pretendía. Los senadores desempolvaron un viejo proyecto de ley que dormía en comisión, lo aprobaron en cuestión de días y lo remitieron a la Cámara de Diputados, donde le hicieron algunos ajustes cosméticos.
Entre ellos, asignar a las entidades gremiales de los galenos la responsabilidad de aplicar sanciones a los que incurran en contravenciones, bajo pena de rescisión de los convenios y exclusión de la lista de prestadores. Y facultó a OSEP a celebrar convenios con clínicas y sanatorios y también con profesionales en forma individual, sin intervención de los colegios. La reglamentación de la ley estableció sanciones de hasta $100.000 a los médicos que desobedecieran la prohibición de cobrar un extra a los afiliados. Pero la metodología para castigar siguió idéntica: es el afiliado el que debe denunciar y presentar la “prueba del delito”. Casi una burla.


Apenas transcurrió poco más de un mes desde que el Ejecutivo reglamentó la ley Antiplus y todo parece volver al principio. Arévalo expresó su bronca por la ineficacia de la norma y adelantó que mañana los municipales decidirán en asamblea si retoman el plan de lucha.
“Tener que soportar que nos descuenten más plata para la obra social, que sigamos pagando el plus médico y que se sigan burlando de los afiliados, es algo que tiene un límite”, expresó el sindicalista, quien además cargó las tintas contra OSEP por no ocuparse del tema: “¿Es tan difícil poner a 10 o 12 personas en los sanatorios a las que puedan recurrir las personas que cobran plus?”, preguntó.
Don Arévalo, sea usted bienvenido a la realidad. La ley que tanto pretendía no puede suplir una carencia de fondo: sin voluntad de los colegios de castigar a sus agremiados infractores, sin eficacia administrativa de la OSEP y, sobre todo, sin afiliados dispuestos a entrar en conflicto con sus médicos, el plus seguirá existiendo.

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