cartas al director

Acuerdo político o reforma constitucional, con poder político o poder de gobierno

viernes, 24 de mayo de 2019 · 04:00

Señor Director:

Hoy la realidad de vida nos lleva a indagarnos y reflexionar qué nos está pasando, que como Nación y jurisdicciones locales somos reminiscentes a distintas vicisitudes de crisis, que no solo son económicas o de inseguridad, sino también otras crisis no evidenciadas por los medios de comunicación, las cuales en muchos casos cada uno lleva en silencio día a día e internamente y en otros casos se manifiestan mediante síntomas y signos en nuestra sociedad como causa de nuestra involución, motivadas muchas veces por la sed en destruir al otro más que en construir un futuro colectivo.
Ante esa realidad, la mayor parte de quienes se desempeñan como actores políticos podemos ver que en sus manifestaciones solo versan de enfrentamientos y culpas, sin programas ni métodos alternativos para transitar y superar estas crisis, y lo más claro es que sus pretensiones o acciones solo son de medio o resultado para construir y alcanzar el máximo poder político, no solo de la Nación sino también de las distintas jurisdicciones locales, provinciales y municipales.
Ahora bien, desde hace un tiempo a la fecha, ante las distintas situaciones de crisis se vienen barajando como alternativas para dar soluciones a ellas el realizar un “frente amplio” por un lado, o bien, por el otro, un “gran acuerdo político” sobre la base de determinados puntos concretos entre oficialistas y opositores.
En relación con la alternativa de conformar un frente amplio, ya hemos considerado en anteriores publicaciones que los frentes políticos evidencian ineficiencia e ineficacia al momento de tomar posesión y ejercer un gobierno de turno, razón por la cual en esta oportunidad nos referiremos al “gran acuerdo político”.
Pues la búsqueda y, en su caso, la realización, del Acuerdo Político ante las negativas vicisitudes que estamos atravesando es insuficiente a los fines de consolidar el poder político; es más, este pretenso acuerdo si bien puede tener las mejores intenciones por una parte del arco político, no podemos dejar de observar que desvirtúa o incumple de alguna manera el contrato social preexistente al Gobierno de turno, que en su génesis ya se dictara y que parte de él cabe recordarlo hoy al leer el preámbulo de nuestra Constitución.
Entonces, la pregunta ahora es para qué buscar realizar un gran acuerdo político si ya poseemos un acuerdo de mayor extensión jurídica que es el propio contrato social, que es la Constitución, y en la cual ya se establecieron los objetivos sobre los que debemos alinearnos los argentinos, como ser “…constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad…”.
Siguiendo este razonamiento, no solo es cuestionable el porqué de otro acuerdo, sino también debemos tener presente que el contrato social ya existente (la Constitución) prevé no solo los objetivos sino también el modo de llevarlos a cabo, y para ello estableció el modo “Representativo” de ejercer el poder político y no acuerdos parciales, sectoriales o temporales, dado que el poder “reside en su pueblo y se ejerce a través de sus representantes. Para mayor precisión, cabe remitirnos a las previsiones del artículo 22 CN que nos dice: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”.
Ahora bien, considero oportuno resaltar que si existe voluntad de trabajar en realizar nuevos objetivos para la comunidad, ya sea a nivel Nación o Provincia, lo más adecuado no sería un gran acuerdo político sino reformar el contrato social preexistente, nuestra Constitución.
En este sentido, la reforma de la Constitución ante un acuerdo político es lo más apropiado, dado que hace a la construcción y consolidación del poder de gobierno con una indiscutible certeza y seguridad jurídica que trasciende las voluntades o sesgos parciales; en otras palabras, consolida la República. En cambio, los acuerdos políticos se han evidenciado incapaces de trascender los gobiernos de turno; es más, muchas veces se vieron o se ven incapaces de poder llevarse a cabo en sus propios gobiernos por el alto contenido de pujas políticas electorales más que de gobierno.
Pues, ante el interrogante acerca de qué nos está pasando que como Nación y jurisdicciones locales tendemos a reiterar distintas vicisitudes de crisis, deberíamos ampliar las perspectivas sobre el modo de representar al pueblo y no solo concentrarnos en lo que respecta al poder político, sino que el desafío hoy debe ser fortalecer el poder de gobierno del Estado, sea de Nación, de provincias, o municipios, sujetándonos a la Constitución. También es cierto que existe en gran parte de la comunidad un sentimiento, de íntima convicción, que de alguna manera ayuda a responder la pregunta, y es que nos estamos ocupando en querer hacer más política que en representar al pueblo conforme al contrato social.
Precisando aún más lo antes referido, podemos considerar que hoy tanto en Nación como las jurisdicciones locales necesitamos poner énfasis y en práctica el poder de Gobierno más que los egos y sesgos políticos. Para ello se debe comenzar a construir una idea y proyecto de gobierno convergente al pueblo y trascendente a los gobiernos de turno, plasmado en una plataforma electoral integral y no solo refrendada por el pueblo al momento del sufragio, sino también ejecutada por parte de quienes representan la plataforma. En otras palabras, nos hace falta más conducción de gobierno con políticas de Estado trascendentes que gobiernos con un toque de marketing.
Y por último, en relación con el consenso general sobre la necesidad de reformar la Constitución y la disidencia en cuanto al momento de realizarla, en este marco cabe destacar una reflexión que subyace en la conciencia colectiva en relación con candidatos y sus proyectos, y parte de las siguientes preguntas: ¿Qué mejor oportunidad existe que en un proceso electoral para conocer las ideas,  plataformas o proyecto de reformas constitucionales de quienes nos representan o pretenden representar al pueblo, donde demuestren sus conocimientos, sus capacidades, aptitudes, actitudes y propósitos en beneficio de la ciudadanía en su conjunto? ¿No es acaso en un proceso electoral donde se deben debatir estos proyectos para la ciudadanía? Y si no es en esta oportunidad, ¿cuándo?
Como colofón comparto una reflexión de quien fuera conocido como “Hilel el Sabio" (70 a.C./10 d.C.), con tres preguntas, ello es a los fines de que la propia comunidad política considere la eliminación de los privilegios políticos, el estado de incertidumbre y alcanzar la convergencia de la comunidad catamarqueña para la convivencia en paz:
“Hilel: Si no soy yo, ¿quién?
Si no es así, ¿cómo?
Y si no es hoy, ¿cuándo?”.


Carlos Exequiel Olmos
Abogado

 

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