viernes 29 de marzo de 2024
EDITORIAL

Interpretación errónea

Por Redacción El Ancasti


Aunque ha existido históricamente, en los últimos años parece haberse profundizado en la Argentina un pensamiento que bien puede caracterizarse como xenofobia, es decir, un rechazo a los extranjeros, a los que se les adjudican responsabilidades por algunos problemas que padece la sociedad, generalmente vinculados con el tema seguridad.

Habrá que decir que la xenofobia, en rigor, es un fenómeno muy vigente en todo el mundo, con países que tienden a cerrarse sobre sí mismos y a rechazar corrientes inmigratorias, sobre todo de países del tercer mundo. En Europa es un tema central, que ha disparado debates muy profundos, incluso sobre la condición humana.

En nuestro país sucede algo similar. El sentimiento de abominación a los extranjeros no es a todos los extranjeros, sino fundamentalmente de aquellos que provienen de otros países latinoamericanos o africanos. Hay además, claramente, un fuerte componente de racismo en ese rechazo.

En 2017, el Gobierno nacional modificó por decreto de “necesidad y urgencia” la Ley Nacional de Migraciones facilitando la expulsión de extranjeros delincuentes. Se trata de una medida que rige en muchos países y que puede analizarse como razonable. Si un extranjero delinque en el país, al condenárselo se lo remite a su país de origen. De ese modo, bandas del crimen organizado que procuran expandirse en nuevos horizontes pueden ser desbaratadas, por ejemplo.

El problema es que en la práctica, si la interpretación del espíritu de la ley no es la correcta, se producen situaciones muy injustas. De hecho eso es lo que ha venido ocurriendo. El último caso, denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el que tiene como protagonista a una mujer peruana, que vivió 15 años en la Argentina, madre soltera que tiene tres hijos nacidos y que fue expulsada hace tres meses por la Dirección de Migraciones. Solo pudo llevarse al hijo menor, de dos años, pero fue obligada a separarse de sus otros dos hijos, de 14 y de 6, que quedaron en nuestro país.

Se trata de Vanessa Gómez Cuevas, de 33 años, que en 2010 fue condenada por narcomenudeo. En 2014 cumplió su condena, pagó su deuda con la sociedad y decidió rearmar su vida. Estudió y se recibió de Técnica Superior en Enfermería y de eso se ganaba la vida, realizando un invalorable aporte social a partir de su profesión en el cuidado de adultos mayores.

Sin embargo, su historia de superación y de readaptación social quedó en la nada a partir de una normativa que debería aplicarse a otros casos. Porque una cosa es evitar el despliegue territorial de bandas delictivas con origen en otros países y otra muy distinta condenar al ostracismo y al quiebre familiar a personas que alguna vez se equivocaron, se arrepintieron, pagaron su deuda social y se reivindicaron a través de su reinserción plena y positiva en el seno de la comunidad en la que vive.

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