CARA Y CRUZ

Aportes a la impunidad

sábado, 18 de mayo de 2019 · 04:07

Es el intendente más denunciado de Catamarca, el que maneja el municipio con sus propias reglas, sean legales o no; un tirano de estos tiempos que cultiva un perfil al estilo Nicolás Maduro, porque hasta se da el lujo de incumplir intimaciones administrativas y requerimientos judiciales del fuero que provengan, pero también porque gobierna sobre la base del miedo y las necesidades de la gente.
Así es el inefable Elpidio Guaraz, un personaje que se ha convertido en el representante de la peor política vernácula, de esa que nadie se explica cómo puede persistir en un país que lleva más de tres décadas de recuperación de la vida democrática. 
Esta semana, Guaraz volvió a quedar en el centro de la escena por sus excesos al margen de la ley. Como hace algunos años, reincidió en el cobro de un “peaje” a los vehículos pesados que transitan la ruta nacional 64, en su mayoría vinculados al sector agrícola, con el argumento de que es una suerte de contribución municipal por el daño que producen en esa vía. Curiosamente, su comuna no hace nada para repararla porque tal responsabilidad es de Vialidad nacional. 
Por supuesto que tampoco entrega una factura oficial por los $1.000 a $2.000 que les cobra a los camioneros o maquinistas, sino apenas un recibo hecho a mano y con pocos datos. Documentación bastante insuficiente para justificar su ingreso a rentas municipales. ¿Entonces adónde va a parar la plata que recauda? La respuesta es obvia. 
La noticia fue publicada el lunes pasado por El Ancasti y a las 48 horas el fiscal federal Santos Reynoso inició una investigación de oficio para determinar si el municipio a cargo de Guaraz está cometiendo un ilícito. A la par de eso, Vialidad nacional presentó una nueva denuncia contra el intendente santarroseño por los supuestos delitos de “Abuso de Autoridad” y “Violación de los Deberes de Funcionario Público”, por considerar que excedió facultades reglamentarias y violó normas nacionales. 
No le fue bien a VN en sus embestidas legales contra Guaraz. Ya lo había denunciado en 2012 por un hecho similar, y en 2015 presentó una ampliación de denuncia porque el municipio santarroseño seguía cobrando peaje. La Justicia federal citó a Guaraz y lo indagó, pero la causa quedó en la nada. La prueba de eso es la contumacia del intendente.


Ocurre que Guaraz hace lo que hace porque se lo permiten, porque las denuncias mueren en un cajón, porque no tiene castigo. En definitiva, porque goza de una impunidad a prueba de normas penales federales y provinciales. Tan grotesco es su avasallamiento de la ley que solo se explica por la ineficacia o la complicidad encubierta del sistema judicial, pero también de un sistema político que lo apaña y respalda. 
Por caso, solamente en 2018, Guaraz fue objeto de cuatro denuncias penales que quedaron a mitad de camino. Entre las principales: María Gramajo, una comerciante del lugar, lo denunció por haberla amenazado con un arma de fuego frente a su propia casa. La Justicia provincial tomó solo medidas restrictivas. Aparte, otro empresario lo denunció por un intento de soborno en el marco del festival El Santarroseño.
Además, el Tribunal de Cuentas elevó al fiscal Marcelo Sago una denuncia por el pago de facturas presuntamente apócrifas por más de medio millón de pesos detectadas en las rendiciones de 2013, luego de corroborar que algunos comprobantes pertenecían a comercios que aseguraban no haberle vendido nunca al municipio.  
Pero varios años atrás, Guaraz desobedeció una orden de la Corte de Justicia de Catamarca para que restituya en sus cargos a dos concejales opositores que dejó en la calle. El intendente armó un acto público y alardeó con su resistencia a las “imposiciones” externas. 
Como dice el refrán, la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. En este caso, jueces, autoridades provinciales y dirigentes políticos que con su inacción, omisión y aval, permiten que Bañado de Ovanta sea el feudo inexpugnable de “El Elpidio”.

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