CARA Y CRUZ

Impunidad consentida

lunes, 11 de febrero de 2019 · 04:04

El pasado 2 de febrero, en esta columna se planteó el tema de la impunidad que impera en la provincia respecto al otorgamiento de certificados médicos “truchos” a empleados en relación de dependencia, en particular a los estatales, ya que a la Justicia no llegaron causas por estas irregularidades, que en realidad son delitos, con profesionales que hayan sido acusados por prestar su firma para tales maniobras. 

“Ética profesional en deuda” fue el título de aquella columna. El hecho actual que dio lugar al comentario fue la sanción disciplinaria dispuesta unos días antes por el Colegio de Psicólogos de Catamarca contra su matriculado Bruno Jeréz, a quien inhabilitó por un mes, luego de un informe que remitió la Dirección de Reconocimientos Médicos Docentes del Ministerio de Educación.

De acuerdo con el informe de Educación, una docente presentó certificados firmados por Jeréz con “licencias anticipadas”, es decir, por afecciones que aún no había padecido la mujer pero que el psicólogo le firmó. “Obviamente es una grave falta ética a la labor profesional”, afirmó la directora de Reconocimientos Médicos Docentes, Analía Leiva.

Pero el tema emblemático de esa área fue la investigación que realizó el año pasado con los docentes tinogasteños que falsearon certificados médicos para obtener una licencia por largo tratamiento, y después aparecieron paseando por Europa, rumbo al Mundial de Fútbol de Rusia.  

La cuestión fue que a los docentes –cinco en total- los apartaron del cargo sin goce de haberes, pero al cabo de un par de meses fueron restituidos y les suspendieron la sanción, en lo que representó un giro total en el criterio que había sostenido el Ministerio de Educación sobre la necesidad de aplicar un castigo ejemplar. 

Pero hasta allí, aún con el “perdón” ministerial, los únicos que habían pagado los platos rotos eran los docentes y no los médicos que habían firmado los certificados que daban cuenta de enfermedades inexistentes. 

Y precisamente en aquella columna se subrayó el hecho de que la cartera educativa ni siquiera le pidió a la institución que vela por la ética profesional de los médicos de Catamarca que analice el caso de los matriculados que firmaron los certificados de los docentes de Tinogasta. 


Dicho y hecho. El Colegio de Médicos de Catamarca remitió a este diario una nota firmada por su consejo directivo en la que confirma que no llegó a su poder ningún caso que ponga en dudas la conducta de sus matriculados. 
Expresa el Colegio: “Esta institución no recibió denuncia alguna en contra de algún colegiado que hubiera intervenido en una acción supuestamente irregular de entrega de certificados médicos falsos o de complacencia que fueron utilizados para el goce de licencia por enfermedad por parte de terceros”. 

“Debemos aclarar que nuestra intervención, de conformidad con la normativa aplicable, es a partir de la denuncia que debe realizar quien se considera afectado por el actuar de un profesional médico, en este caso la Dirección de Reconocimientos Médicos, y esta denuncia se gira para su tramitación al Tribunal Deontológico, quien garantizando el derecho de defensa determinará si correspondiere la aplicación de alguna sanción”.


En suma, se confirma que la investigación del Ministerio de Educación quedó a mitad de camino. Los docentes que mintieron sobre su salud recibieron una sanción acotada y luego volvieron a trabajar como si nada hubiera ocurrido. Y los médicos que se prestaron para una maniobra que representa un auténtico fraude al Estado, siguen allí, sin haber recibido ni un tirón de orejas.

Es el propio Estado el que permite, con estas omisiones, que el sistema corrupto de las licencias falsas y fraudulentas de docentes y empleados públicos siga gozando de buena salud.

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