jueves 28 de marzo de 2024
EDITORIAL

Medidas que tienen costo

Por Redacción El Ancasti

El gobierno de Cambiemos postulaba como válida, como lo hace habitualmente el pensamiento económico de libre mercado, la denominada “teoría del derrame”. Ese postulado consiste básicamente en promover que los gobiernos garanticen con sus medidas altas tasas de ganancias de los sectores económicos más concentrados. La buena rentabilidad, se supone, “derramará” luego hacia el resto de la sociedad generando mayor bienestar social. Eso rara vez sucede, sobre todo en la Argentina, si no hay una presencia del Estado que garantice, con políticas concretas, la distribución del ingreso y la riqueza que se genera.
El período macrista ni siquiera pudo poner a prueba la teoría, porque salvo el 2017, el resto de los años, la economía se contrajo notablemente.

El nuevo gobierno de Alberto Fernández descree de la teoría del derrame. Patrocina, en cambio, una suerte de teoría inversa: hay que apuntalar a los sectores de ingresos más bajos, no solo por una cuestión de justicia distributiva, sino porque estos sectores, si cuentan con mayores recursos monetarios, los vuelcan inmediatamente al mercado interno y eso favorece la reactivación de la economía. Sería una suerte de derrame inverso.

El nuevo mandatario lo explicitó en su discurso de asunción, cuando dijo que los destinatarios de sus políticas iban a ser los que estaban en una situación de emergencia social y los demás tendrían que poner el hombro.

Ese criterio es el que parece guiar las medidas conocidas en materia previsional. Los jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo se verán beneficiados con dos bonos de 5.000 pesos. Pero muchos de los jubilados que están exentos de este beneficio cobran sumas por debajo de la línea de la pobreza, de modo que la propuesta ha recibido numerosos y legítimos cuestionamientos de esos pasivos, que ahora, con sus escasos haberes, estarán en la nómina de los que ponen el hombro.

La medida más polémica, sin embargo, es la de suspender por seis meses la movilidad jubilatoria. Esto implica que el incremento de marzo no se ajustará a una fórmula específica, sino al arbitrio del Poder Ejecutivo. Según se especula, otra vez los sectores de menores ingresos serán beneficiados, pero el resto de los jubilados y pensionados, que han venido perdiendo poder adquisitivo durante los últimos años, recibirán un incremento inferior al que recibirían si se aplicara la fórmula en vigencia hasta ahora.
Un problema adicional es que la suspensión de la movilidad recrearía un clásico del sistema previsional: los juicios al Estado. Según el experto en previsión social Miguel Fernández Pastor, la medida es anticonstitucional y podría generar numerosas demandas.

El nuevo gobierno ha decidido aprovechar su reciente legitimidad en las urnas para avanzar fuerte en el primer tramo de su gestión. En ese impulso empieza a cometer errores que pueden tener su costo en el mediano plazo.

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