Mirador político

Reacciones en la alternancia

La caracterización de los promotores es indispensable para marcar el sentido de los conflictos que se alzaron...
domingo, 15 de diciembre de 2019 · 02:10

La caracterización de los promotores es indispensable para marcar el sentido de los conflictos que se alzaron ante el gobernador Raúl Jalil y el intendente capitalino Gustavo Saadi en la primera semana de sus gestiones. Se trata de sectores que sienten amenazadas sus prerrogativas por los cambios que supone toda alteración en la cima del poder, aún cuando se produzca en el seno de una misma facción.
En el primer caso, organizaciones sindicales de reparticiones beneficiarias de regímenes salariales diferenciados del resto de la administración pública, que cobran sobresueldos legalizados bajo la forma de adicionales y fondos estímulo. En la Capital, acaudilla la insurgencia el secretario general del SOEM, Walter Arévalo, usufructuario de un vínculo privilegiado con la administración municipal de Jalil, que acaba de fenecer.
Aunque de naturaleza distinta, los litigios se emparentan en el punto más significativo: son reacciones a las modificaciones que procuran introducir los flamantes gobernantes para empezar a imprimir a sus liderazgos identidad personal y diferenciada respecto de sus antecesores. 
Jalil y Saadi enfrentan por lo tanto peleas que no pueden darse el lujo de perder sin que sus metas inmediatas se vean afectadas. 

Viga maestra
La reforma del Estado es una de las vigas maestras del programa de Jalil, difundida con insistencia durante la campaña y planteada en la ley de ministerios que la Legislatura sancionó por unanimidad. Lo que está en cuestión es nada menos que las condiciones que el Gobernador precisa para llevar adelante su propuesta. 
En trazo grueso, la reforma consiste en una serie de fusiones burocráticas tendientes, según dicen los ideólogos, a dotar de mayor agilidad y eficacia al sector público, aquejado por la elefantiasis y una dispersión de decisiones políticas que, en la concepción jalilista, deben complementarse para llegar a una sinergia ideal. Turismo con Cultura, Desarrollo Social con Deportes, por ejemplo. 
Tales fusiones incluyen en unos casos organismos autárquicos como el Instituto Provincial de la Vivienda, que se incorpora a la órbita del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; la OSEP, que empezará a girar en la cartera de Salud, o la administración de Vialidad Provincial, que va a Obras Públicas. Rentas, el Registro de la Propiedad y Catastro se condensarán en un solo ente, la Agencia Recaudadora Catamarca (ARCA).
El combustible de las movilizaciones, hasta ahora restringidas al IPV y los componentes de ARCA, es la incertidumbre por lo que ocurrirá con los adicionales de sus sueldos. 
Inquieto por el voltaje que empezaron a cobrar los planteos, el Gobierno garantizó que la reforma no afectará derechos laborales adquiridos y que los sistemas salariales diferenciados se mantendrán como están, pero la incredulidad de los involucrados es alentada “sotto voce” con prédicas y maniobras operadas menos por la oposición que por sectores del oficialismo que han quedado en falsa escuadra tras el repliegue de Corpacci. 
El ultracorpaccismo huérfano se mueve para tratar de mantener incidencia en el nuevo escenario, para ellos inestables. 
Encontrar las fórmulas para dejar a salvo autarquías administrativas y financieras en el marco de una centralización política no resulta demasiado complejo; problemas menores, formalidades que cualquier administrativista está en condiciones de resolver. Las bullas reglamentaristas camuflan en realidad las verdaderas razones de la tensión, que pasan por el control de las reparticiones afectadas, su espinel jerárquico y la orientación de sus recursos. 
Bajo el incipiente jalilismo, no se trata de mantener el “statu quo” burocrático, sino el político. 
Los cambios en tal aspecto, sin embargo, son más que lógicos. Si los comandos del IPV, OSEP, Vialidad o CAPRESCA han sido decididos siempre por el Gobernador ¿por qué debería ser distinto ahora? Jalil ha delegado esta facultad en sus ministros.
El diseño de la ley de Ministerios, además, cuenta con la bendición indubitable de Lucía Corpacci. Que la norma haya sido sancionada bajo su mandato es señal tan nítida en tal sentido como el hecho de que la composición del nuevo gabinete, con sus fracturas y continuidades, se conociera antes del traspaso de mando.

El factor Arévalo
El componente político es mucho más claro en el conflicto municipal. 
Arévalo, jefe del SOEM, presiona para que Gustavo Saadi le confirme las gangas obtenidas y afianzadas durante la intendencia de Jalil. 
Tal pulsión, insinuada con síntomas de desesperación en el intento de tomar el Concejo Deliberante de la Capital a principios de noviembre, quedó al desnudo esta semana: Arévalo no le dio ni un día al nuevo intendente y ya le sacudió un paro por tiempo indeterminado.
El sindicalista llegó a su puesto tras una intervención con el respaldo de la gestión municipal de Jalil, que también se hizo cargo de subsidiar el saneamiento económico del gremio. Las relaciones con su benefactor fueron tan armónicas que hasta pudo colocar gente en puestos políticos e incidir sobre recategorizaciones y nombramientos. La historia de heroicas luchas que el sujeto menea en cuanto micrófono y red social se le pone a tiro no resiste el menor análisis.
Saadi lo convocó en el momento mismo de asumir y satisfizo de inmediato los reclamos que precipitaron el paro municipal en curso. A lo que no se allanó fue a reconocerle sin beneficio de inventario las canonjías. 
Las prebendas de Arévalo fueron fruto de decisiones políticas de la administración Jalil. El mando político del municipio ha cambiado y las relaciones con el sindicato deben reconfigurarse; el gremio debe adaptarse a las nuevas circunstancias.
Arévalo no quiere ni siquiera hablar de negociar y apela a su herramienta dilecta, que es el chantaje con los vecinos de San Fernando del Valle como rehenes. 
Pero como Corpacci con la ley de ministerios, antes de irse Jalil y los concejales mandaron una señal de los nuevos tiempos dirigida específicamente al jefe sindical y declararon la recolección de residuos “servicio esencial”. Lo privaron así de la herramienta más poderosa en su hasta ahora invariable derrotero de extorsiones: convertir la ciudad en un muladar.
La respuesta de Saadi a la ratificación de la lógica de aprietes fue rotunda: se descontarán los días no trabajados a quienes se plieguen a la caprichosa medida de fuerza, los incidentes violentos y amenazas son ya objeto de denuncias penales. 
La vía judicial prevé además plantear la ilegalidad del paro y colocar a Arévalo ante el dilema de continuar la escalada o aceptar que ya no se le tolerarán desvaríos prepotentes y poses incendiarias.
Saadi va a fondo porque sabe que en esta primera batalla se juega su autoridad. 
Espera contar con la paciencia de los vecinos ante las posibles incomodidades que deban padecer si el jefe del SOEM sigue en mula y obstaculiza la prestación de servicios. También, con el apoyo de la Justicia para ponerlo en caja.
De algo está seguro: los capitalinos y sectores cada vez más amplios de la estructura municipal están hartos de arevalismo.
 

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