EDITORIAL

Justicia funcional al poder

sábado, 14 de diciembre de 2019 · 02:05

Robert Maggi, empresario metalúrgico de San Francisco, Córdoba, seguramente nunca imaginó la trascendencia que su nombre iba a tener a nivel nacional cuando publicó el martes pasado en una red social sus ganas de “descargarle una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina”.

Apretar el botón de “publicar” en las redes sociales es, para los impulsivos con tendencia a la violencia discursiva, una tentación de la que les es difícil sustraerse. Luego, en algunos casos, viene el arrepentimiento y la eliminación del posteo. Pero ya es tarde, pues algún comedido procedió a realizar la captura de pantalla del exabrupto.

Maggi se enteró ayer lo caro que puede salirle su apuesta a ventilar públicamente su odio político: el fiscal federal de Córdoba, Gustavo Vidal Lescano, pidió su detención por amenazas y apología del delito. “Las expresiones referidas han sido realizadas por un ciudadano que en su condición de empresario tiene por cierto infinita mayor responsabilidad social que un asalariado”, dijo en su escrito el funcionario judicial. “No se puede admitir en aras de la libertad de expresión que se realicen públicamente las gravísimas amenazas que ha realizado este individuo y que, eventualmente, podrían concretarse en la persona de la señora vicepresidente”, agregó.

Es cierto que Maggi no es un ciudadano “del montón”. No solamente es empresario conocido en su zona, sino además presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco. Pero parece una exageración la detención, porque el improperio proferido es tal vez evidencia de la agresividad que lo caracteriza, pero de ninguna manera una amenaza que pueda tener alguna posibilidad de concretarse.

Imposible no sospechar que la rapidez con que la Justicia actuó de oficio en este tema puede vincularse con el cambio en los tiempos políticos. Tal vez sea nomás como sostuvo Alberto Fernández en su discurso de asunción: la Justicia siempre es funcional al que detenta el poder.
La costumbre de perseguir a ciudadanos que publican mensajes en las redes sociales de fuerte tono contra funcionarios de alto rango comenzó en el gobierno anterior. El caso más resonante es el de un tuitero de apenas 20 años que en 2017 fue detenido por reproducir una canción futbolera que, insólitamente, fue interpretada como una amenaza de muerte contra el entonces presidente de la Nación. 

No fue el único: hubo otros cuatro casos parecidos, incluido un enfermo psiquiátrico que publicó disparates y que algún comedido funcionario judicial caracterizó como plausible de convertirse en un atentado.
La diferencia con lo ocurrido con el empresario cordobés en estos días, es que los casos anteriores eran denunciados por la ministra Patricia Bullrich, quien además presentaba las detenciones prácticamente como golpes al terrorismo. Un desatino.
La condena a los que insultan en las redes deber ser social, no judicial. El tiempo que la Justicia utiliza persiguiendo a bravucones de Facebook o Twitter es el que pierde en menesteres más trascendentes, como perseguir a la delincuencia. 

Otras Noticias