|| CARA Y CRUZ ||

Conflictos en el debut

jueves, 12 de diciembre de 2019 · 02:09

Que el conflicto municipal se circunscribe a un problema político personal del secretario general del SOEM Walter Arévalo es tan evidente, que ha despojado de legitimidad a su paro por tiempo indeterminado. La deficiencia se nota en el prácticamente nulo impacto que la medida tiene hasta ahora en la prestación de los servicios comunales. Los agentes del municipio no están dispuestos a seguirlo en esta aventura porque advierten que su meta es no perder las gangas que venía usufructuando, cargos para su entorno incluidos.

Las polémicas provinciales tienen trasfondos más complejos. 

En la edición de ayer se consignó la exigencia de un incremento presupuestario del 73% que plantea la Corte de Justicia. Son 20 puntos por encima de la pauta general establecida para la administración pública. 

El ministro de Hacienda, Sebastián Véliz, marcó ya lo desmesurado de la pretensión, pero quedó sin materia. En línea con lo anunciado por el presidente Alberto Fernández, el gobernador Raúl Jalil decidió prorrogar y reconducir el presupuesto en vigencia. No habrá presupuesto provincial 2020 hasta que se defina el nacional, hecho condicionado a la reestructuración de la deuda. 
El Gobierno gana tiempo para acordar con la Corte números más equitativos. Sin embargo, empiezan a cobrar envergadura en distintas reparticiones reclamos vinculados a la reformulación de la estructura estatal.  Aunque las modificaciones tienden a dotar de mayor consistencia a la gestión, cunden incertidumbres entre empleados públicos que temen perjuicios en sus ingresos.
El primer conflicto se disparó en el Instituto Provincial de la Vivienda. El sindicato se opone a que el organismo se incorpore al Ministerio de Vivienda y Urbanización junto a la Secretaría de Vivienda. 

Alegan que perdería su carácter autárquico y, en consecuencia, los fondos nacionales que recibe de modo automático del FONAVI.
En rigor, la angustia es por los adicionales que el personal cobra sobre sus salarios.

Tal es también el móvil de las reacciones de Rentas, Catastro y el Registro de la Propiedad. La idea es unificar a los tres entes en uno, que ya tiene nombre y todo: Agencia Recaudadora de Catamarca. 

Que ARCA sea por las arcas públicas o por el arca de Noé a los insurgentes les interesa poco. Quieren certezas sobre los adicionales.

Otros estallidos están con el percutor remontado en la Secretaría de Turismo, unificada con Cultura, y OSEP, que el Gobierno debutante quiere meter en la órbita del Ministerio de Salud.

Los organismos recaudadores exponen con nitidez la naturaleza del problema. El personal de Rentas y Catastro cobra fondos estímulo, un porcentaje de lo que se tributa; el del Registro de la Propiedad, un adicional fijo. ¿Cómo se calcularán tales adicionales si todos los tributos entran por una sola ventanilla y todos los empleados forman en ARCA? Los ñatos quieren seguir oliendo, lógicamente, y desconocen qué implica el modelo de gestión que promueve el nuevo Gobierno.

La reorganización de Jalil hizo emerger lo caótico de la estructura salarial de la administración pública, tramado por inequidades que vienen arrastrándose desde hace añares, a las que se superpusieron las becas y contratos. 

Quizás la resolución de los problemas sea más sencilla de lo que parece a primera vista. En cualquier caso, que haya áreas movilizadas y en alerta es obstáculo para que la nueva administración se acomode. Se impone el abordaje político de los planteos y la participación del Ministerio de Hacienda es indispensable. 

Lo de Gustavo Saadi es más sencillo. Arévalo está desnudo en su chantajismo, que es por razones muy particulares: mantiene la medida de fuerza debido a los lógicos desplazamientos que se producen en el funcionariato cuando comienza cualquier gestión. Menea la bandera de los precarizados, pero los precarizados son conscientes de que el acceso a la estabilidad no puede ser inmediato, porque las finanzas del municipio colapsarían. Saadi tiene ante sí la oportunidad de poner en caja al desmadrado sindicalista. 

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