EL MIRADOR POLÍTICO

Municipios arrasados

domingo, 1 de diciembre de 2019 · 02:04

En la antigüedad, la táctica de la tierra quemada o arrasada era usada en las guerras y consistía en destruir lo que pudiera ser de utilidad para el enemigo que avanzaba a través de un territorio, desde cosechas, animales, agua, refugios y transporte. Todo lo necesario para detener su avance o al menos entorpecer su movimiento.

Si bien en política el término “tierra arrasada” tiene un significado menos dramático, por cierto, se ajusta al sentido general que es obstaculizar el desembarco del rival vencedor en lo que antes fue territorio propio: una nación, una provincia, un municipio o hasta un organismo público. 

Un mes atrás, el gobernador electo de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, aseguró que la jefa de gobierno saliente, la macrista María Eugenia Vidal, le dejaba “tierra arrasada” en cuanto a indicadores económicos y sociales. Lo dijo la misma noche de los festejos electorales.

En Catamarca, en las últimas semanas salieron a la luz casos de algunos municipios en los que los intendentes derrotados parecen haberse empeñado en dejar una bomba de tiempo a sus sucesores. Designaciones a última hora, deudas, cuentas al rojo vivo e incluso vaciamiento patrimonial, son algunas de las denuncias que llegaron al Tribunal de Cuentas en contra de municipios opositores. 

Impedimento legal

La práctica de abultar los presupuestos municipales o el de la Provincia a modo de “pesada herencia” siempre fue un clásico de la política vernácula. Para poner un freno a tal discrecionalidad, en noviembre de 2017, las provincias firmaron con el Gobierno nacional el “Convenio de Consenso Fiscal” que, entre otros compromisos comunes, incluyó un “Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal”.

Como Catamarca adhirió, luego sancionó la ley provincial (Nª 5540) que se completó con un convenio firmado en marzo de 2018 entre el Ejecutivo y los intendentes. 

Entre los principales puntos, los jefes municipales se comprometieron a no aumentar el gasto corriente por arriba de la inflación determinada por el INDEC; “no incrementar la relación de cargos ocupados (permanentes, temporarios y contratados) existente al 31 de diciembre de 2017”; y que en el fin del mandato el gobierno municipal “no podrá realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente durante los últimos seis meses de gestión”.

Pero como suele suceder en estas tierras ricas de dirigentes políticos generosos con los recursos del erario y llenos de compromisos preelectorales, familiares y otros afectos, los pactos legales corren serio peligro de quedar en letra muerta.

Tal es la misión que tiene hoy el Tribunal de Cuentas, que recibió hasta ahora dos denuncias sobre las herencias que dejarán los intendentes de Valle Viejo, Gustavo Jalile; y de Andalgalá, Alejandro Páez. La semana próxima ingresaría otra sobre el de Recreo, Roberto Herrera. Y posiblemente se sume una contra el de Pozo de Piedra (Belén), Ramón Guzmán, quien, según dirigentes peronistas de la localidad, hizo lo necesario para salir por la ventana y no por la puerta grande. 

Son todos municipios gobernados por intendentes radicales. Como no hubo en esta última ola electoral cambio de manos en las comunas a favor de Juntos por el Cambio, quedará la duda acerca de cómo habría actuado el órgano de contralor de la hacienda pública, tan raudo con los opositores salientes, si los denunciados fueran peronistas. 

En la picota

La primera auditoría que encaró el TC fue en Valle Viejo, en respuesta a una denuncia de los concejales Verónica Díaz y Walter Figueroa, ambos del PJ, sobre designaciones masivas y supuesto vaciamiento del municipio en la retirada de Jalile, tras su derrota frente a Susana Zenteno.

La resolución del órgano justifica la auditoría por objetivos ante los posibles “nombramientos indiscriminados por parte del intendente actual” y la eventualidad de “vaciamiento de las dependencias municipales, desde donde salieron camionetas tapadas, de las cuales no se sabe qué llevaban adentro, y que se habrían dirigido a la finca del intendente”, expresa.

En la misma semana, el TC se hizo eco de una denuncia presentada por el concejal peronista Sebastián Almada, de Andalgalá, sobre los últimos datos de la gestión de Páez, quien en días más asumirá como diputado provincial. 

Dice la resolución 770/19 del Tribunal, que en este caso dispuso una auditoría integral, que buscará “verificar la situación descripta sobre cuentas bancarias, documentos, bienes y recursos desde el 1 de octubre hasta la actualidad. Además de recabar elementos de juicio que permitan la adopción de otras medidas”.

Almada había denunciado que, luego de las elecciones del 27 de octubre, el intendente Páez habría formalizado “designaciones de personal de modo irregular, dilapidado bienes y recursos económicos del erario mediante la entrega de materiales, subsidios o similares, sin ningún tipo de documentación respaldatoria a beneficiarios ficticios o simulados". 

Lo curioso de Andalgalá es que allí asumirá otro radical al frente de la intendencia, el empresario Eduardo Córdoba. Solo podría especularse que el desastre que dejará Páez, según se denunció, es porque él hubiera deseado entregar el mando a su esposa, Ivana Flores, quien fue derrotada por Córdoba en las PASO. 

Por otra parte, el concejal e intendente electo de Recreo (La Paz), Luis Polti, anticipó que denunciará a Herrera porque “está designando personal” y “vaciando el municipio”. Dijo tener como pruebas videos y testigos de que funcionarios y empleados “llevaron bombas de agua, moldes de cordones cuneta, ruedas de autos y hasta columnas y lámparas de luz". “También los equipos de aire acondicionado y a un albergue municipal le sacaron hasta las cuchetas", agregó. 

“Hoy Recreo es un barco a la deriva y un municipio que está totalmente devastado", lamentó Polti, quien además aseguró que recibirá una “deuda terrible” de al menos “80 millones de pesos”.

Ninguno de los intendentes denunciados desmintió las acusaciones. El silencio es elocuente. Quizás puedan caberles sanciones administrativas o penales, pero el castigo más grande debe partir de la política y de la gente. 

Porque la irresponsabilidad política no merece más premios.
 

 

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