EDITORIAL

Daño a la República

miércoles, 6 de noviembre de 2019 · 02:51

El informe de la Organización de las Naciones Unidas denunciando que en Argentina hay en la actualidad “un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina” fue un golpe muy difícil de asimilar para el gobierno nacional, que se jacta de haber restablecido la independencia del Poder Judicial luego de los doce años de kirchnerismo.

Las interferencias del poder político en los tribunales no es asunto que sorprendan a nadie, ni en éste ni en ningún gobierno: de hecho, el gobierno que dejó el poder en 2015 recibió imputaciones en la misma sintonía. La novedad, en todo caso, es la contundencia del informe, que a lo largo de 21 páginas especifica la existencia del plan mencionado casos y ejemplos concretos.

El “plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial se estaría ejecutando por parte de Poder Ejecutivo por medio de una serie de actos concatenados, vinculados los unos a los otros estrechamente. Los actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”, indica el documento, firmado por Diego García Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, en uno de sus párrafos.

Entre los casos mencionados en el informe, se encuentra la causa Correo Argentino, en el que se habla, entre otras cosas,  de “manipulación de fiscales” y la situación del Consejo de la Magistratura, a través del cual el Ejecutivo, al contar con mayoría, “perseguiría a  los magistrados que dictan resoluciones contra sus intereses”, “paraliza los concursos que son ganados por postulantes no afines al gobierno y traslada magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante, sin respetar los requisitos establecidos en la legislación, tales como la competencia material y a jurisdicción territorial”.

La irregular designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema, los ataques a la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la “arbitraria” e “ilegal” designación de jueces, los ataques a jueces y abogados del fuero laboral y a los magistrados que cuestionaron la constitucionalidad de los “tarifazos”, y la intimidación a jueces federales son otras de las conductas denunciadas por el documento del relator de las Naciones Unidas. 

El documento no es sólo un grave diagnóstico de las interferencias del poder político en la Justicia; también emplaza al gobierno argentino para que brinde explicaciones de estas irregularidades. Y es, aunque implícitamente, una advertencia para el gobierno que asume el 10 de diciembre, que deberá prescindir de este tipo de maniobras que dañan las instituciones de la República y menoscaban a la Justicia como poder independiente. 

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