EDITORIAL

Triste privilegio

martes, 5 de noviembre de 2019 · 02:01

El abordaje del problema de las drogas dispuesto por el gobierno que se apresta a abandonar el poder en poco más de un mes se focalizó fundamentalmente en el combate al narcotráfico. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, exhibe permanentemente como logros el incremento sostenido de las incautaciones y el número de detenidos por tráfico o venta de estupefaciente. Sus detractores la acusan, por el contrario, de abusar del marketing y de perseguir, más que a capos narcos, a vendedores al menudeo y a consumidores.

Lo cierto es que la mirada oficial priorizó la perspectiva punitivista, que precisamente encarnan las fuerzas de seguridad, desatendiendo los aspectos preventivos y asistenciales vinculados al consumo problemático, de responsabilidad del área de Salud, degradada de Ministerio a Secretaría. 

La desarticulación, por cuestiones presupuestarias, de los programas para prevenir adicciones o asistir a las personas adictas, ha tenido efectos fuertemente nocivos. A mayor ritmo que las incautaciones de drogas crecieron en la Argentina de los últimos años la cantidad de adictos y, lo más preocupante, el número de muertos por sobredosis, la mayoría de ellos jóvenes. En dos años, los casos fatales pasaron de 53 a 100, según los datos contenidos en el último informe de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (ex Sedronar), que cuenta con datos solo hasta 2017. El informe especifica que dos de cada diez muertes de personas de entre 15 a 64 años se vincula con el consumo de diversas sustancias ilegales, pero también legales, como el alcohol o el tabaco, lo que representa una tasa de 54,9 por cada 100 mil habitantes. De ese total, el 69,4% corresponde a varones.

Las cifras fueron analizadas por el defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, quien sostuvo que la desatención estatal mencionada “nos ubicó en el triste privilegio de ocupar los primeros lugares en el ranking de consumo de cocaína, alcohol y marihuana en el continente”.

Las estadísticas muestran una clara relación entre la desarticulación de programas preventivos y asistenciales generada por el actual gobierno y el aumento de los casos de muertes provocados por el uso de algún tipo de drogas. Analizando un lustro completo, las cifras venían bajando entre 2013 y 2015, pero a partir de 2016 comenzaron otra vez a subir: 15.888 en 2013; 14.536 en 2014; 14.371 en 2015; 14.985 en 2016 y 15.500 en 2017. Desde entonces no hay datos actualizados. 
Los casos fatales de sobredosis replican la curva descendente y luego ascendente: 74 en 2013; 64 en 2014; 53 en 2015; 63 en 2016 y 100 en 2017.

El énfasis que el Estado pone en el combate al narcotráfico –priorizando las grandes bandas y no a los que ejercen el narcomenudeo- debe ser complementario al esfuerzo para reforzar el enfoque de salud. Como los números lo muestran contundentemente, el deterioro presupuestario tiene consecuencias muy lamentables. Y en muchos casos, irreversibles.

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