EDITORIAL

Tierras que de pronto importan

lunes, 4 de noviembre de 2019 · 02:34

Entre las muchas aristas que tiene el conflicto por el camino para una empresa minera por tierras de la familia Morales, en Antofagasta de la Sierra, se encuentra el de la deuda del Estado, en sus niveles nacional y provincial, respecto de la regularización de los títulos dominiales.

Un altísimo porcentaje de las tierras de Catamarca se encuentran en situación irregular respecto de los documentos públicos que acrediten propiedad de la tierra. Eso parece no importarle a nadie, hasta que las tierras, por alguna razón, adquieren interés económico. En esas circunstancias, aparece el “legalismo”: los habitantes de esos páramos hasta entonces olvidados de la mano del dios Estado se ven en la obligación de exhibir títulos formales que no tienen, pero sí argumentos vinculados a los derechos posesorios, que sí pueden demostrar, y que también tienen validez legal. 

Los conflictos por tierras en el que se enfrentan los derechos de quienes poseen antiguos títulos de propiedad, con los derechos posesorios de quienes vivieron en esas tierras desde tiempos inmemoriales, adquirieron visibilidad pública hace algunos años en varios departamentos de la provincia, particularmente en La Paz y Capayán. 

En el caso de Antofagasta de la Sierra, los argumentos legales a favor de los habitantes de esos territorios son aún de mayor relevancia. Prácticamente no hay ningún actor privado que pueda exhibir títulos de propiedad perfectos en todo el departamento por varias razones. La más importante es porque hasta hace apenas cuarenta años era territorio nacional. Desde entonces los trabajos de regularización dominial por parte de la provincia en todo ese territorio han sido muy escasos, de modo que, en los hechos, es posible decir que todas, o casi todas, las tierras son fiscales.

Si a la familia Morales se la acusa de usurpación, esa imputación debería extenderse a todos los que viven en Antofagasta de la Sierra. Por cierto, un despropósito. La única razón por la que ahora el Estado le exige a los Morales títulos que a nadie más se le pide, es porque hay intereses económicos de por medio. Lo más razonable es que el Estado proceda a sanear los títulos, otorgándoselos a quienes viven tranquilamente desde hace siglos en esas tierras.

Hay más argumentos legales que benefician a esa familia y a muchísimas otras que viven en territorios donde habitaron históricamente los pueblos originarios. Está en vigencia la ley 26.160, sancionada en 2006, que prevé un relevamiento de tierras donde habitan comunidades indígenas y que son reclamadas como parte de su patrimonio ancestral. Mientras dure ese relevamiento, que aún no ha finalizado, no puede haber desalojos ni causas abiertas por usurpación.

En conflictos de esta naturaleza, los poderes del Estado, incluido por supuesto el Poder Judicial, debe asumir una posición de mediación y proteger a los sectores más débiles. Sectores a los que, además de la atención preferencial que les corresponde por su condición de vulnerabilidad, les sobran argumentos jurídicos para fundamentar su posición.


 

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