CARA Y CRUZ

Sin piedad con los perejiles

sábado, 30 de noviembre de 2019 · 02:04

Superada por los crecientes casos de corrupción en la órbita del Estado y ante la carencia de un fuero especializado, la Justicia provincial dispuso la creación de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública a mediados de la década, que al principio contó con tres fiscales y luego quedó solo con uno. 
Quien más tiempo estuvo en contacto con estos delitos fue Marcelo Sago, por casi cinco años. El 3 de septiembre pasado asumió como Juez de Control de Garantías Nº 4 y la fiscalía quedó a cargo de Alejandro Gober, actualmente en comisión. 
En poco tiempo, la Fiscalía se atiborró de expedientes vinculados con irregularidades en la administración de los recursos públicos, con varios “peces gordos” involucrados. Pero también con numerosos casos de corrupción menor, sobre todo por los montos en juego y por tratarse de tramas relativamente simples. 
Entre los primeros, estaba la causa, originada en 2016 por una denuncia de la ex diputada Paola Bazán, abierta contra la ex directora contable de la Secretaría de la Vivienda, Silvia Quinteros; su secretaria, Jacqueline Figueroa; el hermano de esta última y propietario del corralón San Fernando, Gonzalo Figueroa; y la madre de los hermanos Figueroa, María Margarita Cisneros; por irregularidades cometidas en la Vivienda durante la gestión de Octavio Gutiérrez. Se acusó a las primeras de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 
La investigación permitió comprobar que Quinteros y Figueroa eran socias junto con Cisneros en la firma RAF SRL, titular del “Corralón San Fernando”, que era proveedora de la Secretaría y se había creado solo para ese fin. La fiscalía elevó la causa a juicio y quedó paralizada en una cámara penal. 


Pero lo más grueso vino después. Un empleado de Vialidad provincial reveló supuestas irregularidades en el alquiler de maquinarias al empresario Víctor Núñez, ex presidente de la Cámara de la Construcción, por cuanto dos de esos vehículos tenían el mismo título automotor y uno estaba radicado en Buenos Aires a nombre de otra persona. 
Luego, se amplió la denuncia: ya eran tres  las máquinas del empresario Núñez con títulos adulterados y solo uno original. Como "extraña coincidencia"  los vehículos con títulos truchos estaban radicados en otras provincias.
A partir de allí, la investigación abrió más frentes. Tras revisar contratos de Vialidad, se encontraron fuertes indicios de componendas entre contratistas, tales como desdoblamientos para no superar el tope oficial de las contrataciones directas, sobrefacturaciones y concursos de precios direccionados. Y “perlitas” tales como superposición horaria de las máquinas, que estaban en obras distintas al mismo tiempo. Delicias de la administración pública en época de proveedores audaces.  
Otra causa es la que tiene como acusado al empresario Ariel Barceló, dueño de Vial Nort, empresa a la que se le adjudicó un contrato por 16 millones de pesos por el alquiler de maquinarias para obras de asfaltado de un tramo de la ruta 40. El monto equivalía al 35% del total pactado entre VN y VP por la obra, $45 millones, y obligaba a convocar a una licitación pública o un concurso de precios de excepción. Pero el administrador Hugo Naranjo liquidó el trámite en solo 5 días. 
Barceló, además, está imputado cuerda aparte en la causa por la edificación del Centro de Identidad e Integración Ciudadana en el predio del ex Sussex, por supuesta sobrefacturación.


Sin embargo, ninguna de esas causas llegó a juicio. Nadie está detenido. Todos siguen libres con sus actividades. La contadora Quinteros, por ejemplo, fue designada en el Senado, cuando aún vivía el vicegobernador Gutiérrez, a poco de haber sido imputada. Todo un gesto de respaldo político.
En cambio, la mayor parte de las causas chicas, en montos comprometidos y actores, llegaron a juicio y en varias hubo condenas. La más reciente con fecha de juicio es la del comisario Ramón Ismael Ávalos, quien está imputado por "peculado" y "violación de medios de prueba”. Su delito fue haberse agenciado una desmalezadora secuestrada en un procedimiento. Por dárselas de jardinero, Ávalos puede perder su trabajo en la Policía. 
Ésta es la Justicia de Catamarca, impiadosa con los perejiles, mansa con los funcionarios y empresarios.n

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