jueves 28 de marzo de 2024
EDITORIAL

Ley bondadosa, pero utópica

Por Redacción El Ancasti

En el medio del centenar de leyes que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación como despedida de su año legislativo, hay una en particular que plantea un beneficio de estricta justicia para los consumidores y las pequeñas y medianas empresas, pero que al mismo tiempo parece estar destinada a quedar en letra muerta: La Ley de Góndolas.

El proyecto, presentado por la oposición, establece que una empresa no podrá tener más del 30% del espacio disponible en la góndola por cada categoría de producto y que debe existir un mínimo de cinco proveedores por cada uno. El objetivo es que haya igualdad de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas en las estanterías de los supermercados y que la mayor competencia ayude a bajar los precios.

En vano fueron los intentos de las cámaras empresarias para evitar que los legisladores avancen con esta iniciativa. Si bien la ley, para tener sanción definitiva, debe ser aprobada ahora por el Senado, nada indica que pueda ocurrir lo contrario. En el Congreso dan por hecho que tendrá el guiño de una amplia mayoría de senadores. Entre otras cosas, porque el tema figura como una de las propuestas bajo estudio del plan contra el hambre que diseñó el legislador y futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
Como era de esperar, la Ley de Góndolas ya recibió una andanada de críticas de parte de economistas y representantes de las empresas proveedoras y supermercados. Estos últimos alertaron que esta norma, si se sanciona, generará el efecto contrario: suba de costos, aumento de precios y despidos de personal.

Más aún, advierten que están dispuestos a judicializar la pelea. La intención sería presentar un recurso de amparo para declarar su inconstitucionalidad. Entre las organizaciones más activas contra este proyecto se encuentran la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Cámara de Comercio norteamericana en el país (Amcham), que advirtió, en una reciente carta que le envió a la diputada y titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, Marcela Passo, que el proyecto “atenta no sólo contra garantías básicas como el ejercicio de la industria licita, el comercio, el uso y disposición de la propiedad”, sino que también abre la puerta a controversias internacionales.

La cámara advirtió que la pérdida de puestos de trabajo, por pérdida de rentabilidad y eficiencia, se estima entre 5.000 y 7.000 personas, y que se prevé un aumento de los costos laborales en la cadena de comercialización del 20% y un aumento de precios de venta final al público del 10% al 12%.

A criterio del economista Aldo Abram, el proyecto es “absurdo” por cuanto incrementará los costos de comercialización y, por ende, los precios que pagará el consumidor, al hacer más ineficiente el uso del espacio. Además, generará un montón de empleo público inútil para controlar. O sea, más impuestos”.

No hay dudas de que la iniciativa busca favorecer a los consumidores y, por ejemplo, a los productores de cerveza artesanal o mermeladas –dos rubros en los que hay poca oferta minoritaria-, pero queda la sensación de que los legisladores no tuvieron en cuenta estos otros aspectos vinculados con la cadena de comercialización y los sobrecostos.

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