CARA Y CRUZ

Las marcas del privilegio

jueves, 21 de noviembre de 2019 · 02:10

El lector advertido notará en la sección Policiales/ Judiciales de la edición de hoy los diferentes criterios que la Justicia aplica para proceder frente a delitos similares. 

En la página 6 se informa sobre el planteo de prescripción de la causa por abuso sexual que pesa sobre el sacerdote Moisés Pachado. En la 8, sobre una nueva maniobra dilatoria en el expediente que compromete al intendente reelecto de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, también por abuso sexual. En la 10, sobre la absolución y liberación de un hombre acusado de ultrajar a su vecina de 13 años que estaba detenido desde mayo.
La inequidad surge palmaria de la secuencia. Un sacerdote y un intendente sospechosos de delitos contra la integridad sexual tramitan sus procesos en libertad mientras otro tipo, encartado por lo mismo, tan inocente como ellos hasta que se demuestre lo contrario pero carente de atributos religiosos o políticos, se comió siete meses preso hasta que los administradores judiciales decidieron dejarlo libre de culpa y cargo por falta de pruebas. 

Es un contraste fértil para abordar la cuestión del abuso del instituto de la prisión preventiva. Como para aprovechar la inercia de la inquietud por la angustiante situación que atraviesan acusados de corrupción considerados presos políticos por sus facciones. Capaz que sean nomás presos políticos, o que no debería habérseles aplicado la prisión preventiva, pero, si de ser justos se trata, también tendría que preocupar la suerte de sujetos como el absuelto ayer, aunque no haya prestado tan valiosos servicios a la Patria.

Sobre los fueros que benefician a los curas en lo concerniente a abusos, la libertad de Pachado se superpone a la de sus colegas Renato Rasgido y Juan de Dios Gutiérrez, que vienen esquivando sus juicios desde hace años libres como gorriones. Privilegios de la tonsura, aceitados por el financiamiento de sus defensas y la cobertura institucional que les suministra la Madre Iglesia.
El intendente Aybar se ha revelado por su parte como un artista de la gambeta, con la hazaña adicional de haber logrado postularse a su reelección a pesar de los graves cargos que le endilgan y ser reelecto. La Unión Cívica Radical catamarqueña ignoró un planteo realizado por correligionarias indignadas con la candidatura y le permitió correr. Cuando ya tenía el cargo en el buche, sus partidarios le organizaron una manifestación reivindicatoria en Puerta de Corral Quemado, como si la victoria lo hubiera convertido en casto varón con retroactividad. 

Noviembre fue particularmente ilustrativo respecto de la arbitrariedad  judicial. El 13, la Cámara Penal de Tercera Nominación declaró inocente a un joven de apellido Reynoso, que había estado siete meses preso acusado de ultrajar a una niña que había sido reportada como desaparecida.  "Lo único que quiero es reencontrarme con mi familia. Estuve siete meses con mucho dolor y sufrimiento por las cosas que pasan ahí (en la cárcel). No se lo deseo a nadie”, dijo el desgraciado tras su liberación.
En la edición de ese día, en la página anterior, se daba cuenta de la indagatoria a Pachado, acusado por abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, con el anuncio de que su defensa pediría la prescripción de la causa.
Se consignan estos casos solo porque las absoluciones tornan más ostensibles los privilegios. 

Cualquier acusado por abuso es detenido en Catamarca inmediatamente con pitos y flautas, salvo que sea cura o político, o cuente con recursos económicos y conexiones suficientes para costearse una defensa empeñosa y conmover fiscales y jueces. 
Hay muchos presos preventivamente por ultrajes. No Pachado, Rasgido, Gutiérrez ni Aybar. La prisión preventiva procede cuando hay riesgo procesal, es decir, cuando dejar libre al acusado implica el riesgo de que se fugue u obstaculice el proceso. 
Paradoja catamarqueña: el riesgo procesal se encarna acá en quienes no tienen poder ni para apurar un expediente.

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