jueves 28 de marzo de 2024
Editorial

El último que apague la luz

Una cosa es un gobierno que gestiona la transición política hasta el recambio formal de autoridades...

Por Redacción El Ancasti

Una cosa es un gobierno que gestiona la transición política hasta el recambio formal de autoridades, y otra muy distinta es un gobierno en retirada. El gobierno en retirada es aquel que ha decidido abandonar alguna o varias de sus competencias y funciones básicas por causas que van desde la ausencia de voluntad política hasta el desgano o el desinterés.

Todo indica que el gobierno de Mauricio Macri está en retirada. Lo saben muy bien los funcionarios municipales o provinciales que procuran coordinar acciones con las autoridades de las reparticiones nacionales. Son muy pocos los que atienden los teléfonos o contestan los correos electrónicos: no hay respuestas, no hay recursos, no hay, según parece, incentivos para gobernar hasta el 10 de diciembre.

El problema es anterior a la derrota del oficialismo nacional en las elecciones de octubre. Un mes antes de esa fecha, cuando comenzó la campaña electoral, el propio presidente de la Nación se sumó a un trajín de más de un acto de campaña por día, incompatible con el ejercicio de sus funciones como primer mandatario nacional. Lo mismo ocurrió con sus ministros y principales colaboradores de gestión, abocados más a las actividades proselitistas que a la gestión.

Los perjudicados principales por este abandono no son, por cierto, los gobernadores e intendentes que ven frustradas sus gestiones ante las reparticiones federales, sino, fundamentalmente, las personas cuya calidad de vida depende de las acciones de gobierno.

Sólo a modo de ejemplo puede mencionarse lo que ocurre en las Agencias Territoriales de Empleo. Desde el nivel nacional se les informó a los administradores locales, a través de un servicio de mensajería, que se suspendían los programas de inserción laboral en el sector privado y que corrían riesgo las capacitaciones y los entrenamientos de más de 3.500 desocupados inscriptos.
Los planes desactivados son el Entrenamiento para el Trabajo (EPT), Programa de Inserción Laboral (PIL), Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y el Promover, destinado a mayores con certificado de discapacidad.

Algunas versiones mencionan que la liquidación de los programas obedece a la falta de recursos económicos para financiarlos. No parece un argumento válido: el costo mensual para mantenerlos es de 18 millones de pesos por mes a nivel nacional. Es más probable que no haya, en los funcionarios del área de Trabajo y Empleo, degradada de Ministerio a Secretaría, voluntad de gestionar que esos recursos se mantengan.

En un contexto de aguda crisis como la que vive la Argentina, aun en un proceso de transición política entre un gobierno que se va y otro que viene, las políticas deben mantenerse activas para, al menos, evitar que la situación se agrave.

Sin embargo, la actitud de muchos funcionarios es preparar la retirada y su reinserción en el mundo de la actividad privada, abandonando las funciones para las que fueron convocados. 

El último que apague la luz. 

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