EDITORIAL

La planificación familiar como derecho

jueves, 14 de noviembre de 2019 · 02:15

El año pasado se cumplieron 50 años de la enunciación del concepto de planificación familiar como derecho humano. Fue formulado en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos que se celebrara en 1968 y aún hoy, como muchos derechos humanos, siguen sin respetarse de un modo universal. 

El derecho fue enunciado en lo que se denominó la Proclamación de Teherán, ciudad en la que se celebró, que en unos de sus párrafos señala: “Los padres (padre y madre, se entiende) tienen el derecho humano básico de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos”.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, 214 millones de mujeres de los países subdesarrollados que están en edad de fecundidad y desean posponer la procreación no tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos, lo cual origina, como es fácil de prever, millones de embarazos no deseados por año o abortos practicados en la clandestinidad.

Dos factores inciden en la falta de una planificación familiar adecuada y eficaz. Por un lado, la insuficiencia de los programas estatales, y por el otro, los prejuicios de carácter religioso que admiten la planificación familiar natural, pero prohíben los métodos anticonceptivos modernos, como por ejemplo las pastillas, inyectables, implante subdérmico, los Dispositivos Intra Uterino (DIU) o los preservativos.

Un informe presentado hace poco en la ciudad de Nairobi por la alianza global Planificación Familiar 2020, determinó que la planificación familiar por el uso de anticonceptivos modernos evitó 21 millones de abortos inseguros y 119 millones de embarazos no deseados. De todos modos, como se apuntó más arriba, aun son muchas las mujeres que no tienen acceso a esos métodos. 
¿En qué situación se encuentra la Argentina? Según datos oficiales, el 59 por ciento de los embarazos no son intencionales, proporción que sube al 68 por ciento entre los menores de 19 años. Es posible establecer una correspondencia entre estos altos porcentajes y la reducción de las cantidades de anticonceptivos y preservativos distribuidos por el gobierno nacional en los últimos años, al punto que, pese al aumento de la población, son inferiores a las que se distribuían en 2015. 

Como sucede siempre que hay un déficit del sector público en la implementación de programas sociales, los principales perjudicados son los sectores más vulnerables. En este caso, las mujeres pobres, porque las que tienen un buen poder adquisitivo adquieren los métodos de planificación familiar por su cuenta.

Suele mencionarse a la crisis económica como causa de estos retrocesos, pero no es argumento suficiente cuando se trata de hacer respetar los derechos humanos, en este caso, el de planificar debidamente los nacimientos de los hijos y contribuir a evitar los embarazos no deseados y los abortos, que en nuestro país se siguen practicando en la más absoluta clandestinidad. 

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