CARA Y CRUZ

La caja lumpen

jueves, 10 de octubre de 2019 · 02:04

Con el procesamiento a miembros de la agrupación “La Martín Fierro” por malversaciones en la administración de programas sociales, la Justicia Federal responde a un desafío que la Justicia local eludió hace casi ocho años, cuando integrantes del Gobierno en curso, por entonces recién asumido, plantearon una denuncia por matufias similares cometidas, así decían, por punteros del FCS.

Aquella demanda nunca prosperó, por la abulia concurrente de los funcionarios judiciales y los propios denunciantes, pero el “modus operandi” descripto era idéntico al que el juez Miguel Ángel Contreras endilga ahora a Ricardo Rodríguez, jefe de la “Martín Fierro”, y sus laderos: el beneficiario de un programa social u otro tipo de asistencia del Estado debía entregar a quien se lo había tramitado un porcentaje de lo que cobraba, so pena de perderlo.

Una variante lumpen, en definitiva, de lo que se conoció como el “negocio del hambre” destapado en el área de Desarrollo Social a principios de los 2000, mediante el cual un puñado de proveedores del Estado complicado con los funcionarios se apoderó de millonarios contratos para adquirir elementos para asistencialismo, todos tramitados en forma directa, sin concursos de precios ni licitación.

Rodríguez es la figura central de la trama que investiga la Justicia Federal. Por cuerda aparte, dos mujeres lo denunciaron por trata. Aseguraron que había intentado prostituirlas durante un periplo político. Él respondió que las imputaciones de las muchachas se inscribían en una maniobra orquestada para perjudicarlo por el titular de la Gerencia de Empleo, Mariano Manzi.

Este otro caso de chantaje y despojo a excluidos cuya representación se arroga fue iniciado a instancias justamente de Manzi, quien estribó en unas declaraciones públicas en las que Rodríguez admitió que se apropiaba de un porcentaje de la asistencia social del mismo modo que los partidos políticos cobran un aporte a sus afiliados.

Curiosa justificación en boca de un dirigente social. Incorporarse a un partido político y contribuir a su sostenimiento económico son decisiones libres; la pobreza y la indigencia, en cambio, no se eligen, y mucho menos puede considerarse ejercicio del libre albedrío aportar a la caja de los Rodríguez de este mundo cuando negarse significa quedar a la intemperie.

Tan ostensible exhibición de cinismo no bastó para que el Gobierno de la Provincia prescindiera de los servicios de Rodríguez, quien sigue usufructuando del cargo de supervisor con índice 1,2 en el Ministerio de Desarrollo Social. Esto es: cobra un 20% más que un director de área.

Aunque nadie sabe precisar qué tareas desempeña en la cartera encargada de morigerar la miseria, es pública y notoria la presencia de “La Martín Fierro” en los actos del oficialismo y la inclinación de su caudillo a fotografiarse con cuanto referente encumbrado se le pone a tiro.

Al amparo gubernamental, Rodríguez se postuló como precandidato a concejal en el Circuito 5. No llegó, pero durante toda la campaña promocionó en su muro de facebook repartijas de bolsones de alimentos y materiales de construcción en la zona sin que nadie en la Casa de Gobierno o la cartera de Desarrollo Social se inmutara.

Al margen de las repercusiones que la disposición judicial que lo compromete tenga en la escena política catamarqueña, es oportuna ahora que la tragedia del hambre en la Argentina gana espacio en la agenda nacional.

Se enfatiza el contrasentido de que haya hambre en un país de 40 millones de habitantes capaz de producir alimentos para 400 millones de personas. Las referencias a la cantidad de recursos que el Estado destina a combatir el flagelo, y su administración, ya son menos visibles. Y bastante insignificantes las que aluden al papel que cumplen sujetos como este Ricardo Rodríguez  en el circuito de distribución de las millonadas.

Podría ser que el hambre se deba menos a la falta de partidas que a los fraudes perpetrados por supuestos benefactores engavillados con el funcionariato.

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