viernes 29 de marzo de 2024
editorial

Nueva grieta a la vista

Por Redacción El Ancasti

Un nuevo factor de división política, por ahora no social, asoma en el firmamento argentino. Se trata del proyecto que el Poder Ejecutivo nacional enviará al Congreso para ser tratado en extraordinarias el mes próximo: la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar a 15 años la edad de la inimputabilidad para los delitos más graves.

La iniciativa fue redactada por el Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano y ya generó un revuelo de grandes proporciones en la oposición política, que la considera una avanzada del macrismo para obtener réditos en un año electoral, y también en sectores de la Justicia, donde la observan demasiado “punitiva” y “demagógica”.
Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el hecho de bajar la edad de inimputabilidad apunta a desalentar “la carrera delictual” de los jóvenes, al margen de la “edad que tengan”. Sin embargo, el proyecto propone además programas de seguimiento interdisciplinario de los jóvenes que hayan sido condenados con acuerdos restaurativos, incluyendo la recuperación de adicciones si fuera el caso. 

En el Congreso, las voces en contra no tardaron en hacerse oír. Para el senador Miguel Pichetto, del PJ, los “delitos que cometen los jóvenes no constituyen el problema de la inseguridad que hoy vive el país”, mientras que la diputada massista Graciela Camaño sostuvo que el proyecto es una “cortina de humo” para tapar la crisis económica y que con esto el Gobierno pretende “bolsonorizar la campaña electoral” este año. 
Tanto el peronismo federal como el kirchnerismo y el massismo coinciden en trabajar sobre el Régimen Penal Juvenil que aprobó el Senado en 2009, con el aval de Cristina Kirchner, que proponía bajar la edad de inimputabilidad a 14 años y que nunca fue tratado en la Cámara baja. 

El proyecto de Garavano propone que a aquellos menores que cuenten con 15 años solo se les aplique el régimen cuando cometieren “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”. Esto es, únicamente para los delitos más graves, como homicidio, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego.
Y en consonancia con reclamos de ONG, el proyecto habla de una “Justicia especializada” y aclara que “el control de las medidas y la ejecución de las sanciones, estarán a cargo de órganos con capacitación en el trato con adolescentes”.
Para la AJUNAF, una asociación nacional de jueces de Niñez, Adolescencia y Familia, la reforma “no reducirá por sí misma la cantidad de delitos cometidos por adolescentes, y menos los índices de inseguridad”. 

Y apunta que tal reforma no puede darse sin tener en cuenta que en Argentina “el 48% de los niños, niñas y adolescentes es pobre, según un estudio de UNICEF”. Por lo tanto, sostiene que antes de avanzar con este proyecto se pongan en marcha en todo el país “políticas públicas debidamente financiadas para mejorar la calidad de vida de la niñez y la adolescencia”.
El debate recién comienza, pero promete volverse una grieta más profunda, a tono con un año de definiciones políticas claves en el gobierno del país.

Seguí leyendo

Te Puede Interesar