CARA Y CRUZ

El tope judicial

viernes, 11 de enero de 2019 · 04:10

Frustrada por la paralización de una causa penal que la tuvo como promotora, la diputada radical Paola Bazán disparó razonables objeciones al sistema judicial que demora sanciones a la corrupción. 

“Los hechos de corrupción avanzan hasta cierto punto. Cuando ya hay imputados y se tiene que elevar la causa a juicio para ponerle fecha al inicio del proceso, ahí se frena y se demora”, describió con precisión antes de considerar que “la Justicia debería replantearse esta situación”. 

“No solo necesitamos que se investigue y haya imputados, sino que aquellos que son culpables y cometieron hechos de corrupción, paguen. Toda la plata que se llevan unos pocos implica que no se hagan obras y que no se presten los servicios a la comunidad”, concluyó. 


Las reconvenciones de la legisladora nacen de su disgusto porque la causa por supuestas maniobras corruptas perpetradas en la Secretaría de Vivienda mientras la comandaba el extinto Octavio Gutiérrez, que falleció en ejercicio de la Vicegobernación, no fue todavía elevada a juicio, a pesar de que las pruebas colectadas habilitaron la imputación de ex funcionarias del área por fraude en perjuicio de la administración pública.

La trama sigue un diseño clásico, que en esto de bolsiquear al erario parece estar todo inventado y no hace falta ponerse en creativo: Silvia Quinteros, ex directora de Administración de la Secretaría de la Vivienda, y su secretaria privada, Jacqueline Figueroa, madre e hija, contrataron en nombre de la repartición millones de pesos con el Corralón San Fernando, propiedad de María Cisneros, que era socia de Figueroa en la firma RAF SRL. 

“Esta gente ya está imputada y desde el año pasado estamos esperando que se fije el juicio. Como no hay detenidos, la causa no es prioritaria. En estos delitos de corrupción de fraude a la administración en Catamarca no tenemos ningún detenido”, señaló Bazán.


Ya que estaba, añadió críticas a la Fiscalía de Estado, que su criterio “debería tener un accionar más activo. Se supone que es el responsable de velar y defender los intereses de la Provincia. Pero en estas causas no formó parte y estoy segura que no conoce los detalles de esta causa”, rezongó. 
En febrero, para los carnavales, le mandarán una nota al Fiscal de Estado “para preguntarle si conoce la causa y si tomó alguna medida para que avance”.
La Justicia podría oponer a las quejas un par de causas por corrupción que llegaron a juicio, pero esta hipotética réplica dejaría al descubierto lo magro de su desempeño. 
El año pasado, por caso, fue condenada la ex intendente del municipio santamariano de San José Mónica Hernández, por el alquiler de un camión aguatero. Al ex intendente de Antofagasta de la Sierra, Carlos Fabián, lo absolvieron por unos enjuagues con una obra.


Estos dos ejemplos son demasiado poco mientras siguen enredadas en los entresijos de tribunales casos como el del negocio del hambre con las compras directas y el megafraude de las fundaciones, ambos perpetrados en el área de acción social, que ya superan los tres lustros de trámite. 

Aparte, es notorio que Hernández y Fabián recién fueron sometidos a juicio cuando perdieron incidencia política y quedaron sin la cobertura de quienes mientras eran intendentes los amparaban a cambio de que les permitieran incursionar en sus presupuestos.
En el caso cuya demora inquieta más a Bazán debe considerarse un factor adicional: sectores del poder político podrían estar interesados en trabarlo porque afecta la gestión en Vivienda del ex vicegobernador Gutiérrez, cuyo procerato se procura, que ha quedado en la mira también por las obras en el ex Sussex.
 

Otras Noticias