viernes 29 de marzo de 2024
CARA Y CRUZ

Admitir la quiebra

Por Redacción El Ancasti

La sigla SAPEM es falaz. Se la usa para designar una “Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria”, cuando en realidad la participación estatal no es mayoritaria sino exclusiva, pues, al menos en Catamarca, el Estado es socio único que hasta ahora no ha cosechado otra cosa que pérdidas económicas y políticas. 

Estas singulares organizaciones fueron lanzadas oficialmente hacia un horizonte de autofinanciamiento que en ningún caso se ha cumplido. Sus auspiciantes postulaban que el hecho de que su desempeño no estuviera restringido por las regulaciones que se aplican a los organismos y reparticiones ordinarias del sector público las harían ganar en eficiencia, de modo tal que se constituirían en generadoras de fuentes de trabajo genuino por fuera de la estructura del Estado y eventualmente de utilidades económicas que reforzarían las siempre necesitadas arcas del erario.

El resultado no podría estar más alejado de tan optimistas expectativas. 


Las SAPEM no generan fuentes de trabajo por fuera de la estructura estatal, sino que sirven para mantener empleados cuyos sueldos paga el Estado en condiciones laborales mucho más precarias que los de la administración pública. Tampoco arrojan ganancias: por el contrario, demandan permanentes desembolsos del Gobierno, cuyas finanzas supuestamente aliviarían al funcionar como empresas privadas, para cubrir gastos corrientes que incluyen por cierto los emolumentos de los jerarcas. Ni siquiera pagan impuestos.
PRODUCAT se erige como el caso paradigmático de la mentira oficial. 
Cobija 386 trabajadores en sus cinco unidades productivas textiles, de premoldeados y de carpintería de melanina y aluminio. El Presupuesto 2019 prevé aportes del erario a su favor por $124 millones, que se sumarán a los más de $108 millones que se le asignaron a través del Ministerio de Obras Públicas desde su creación.

Estos sistemáticos auxilios financieros no han sido suficientes para por lo menos equilibrarla. 
El plantel de PRODUCAT ha desenterrado por enésima vez el hacha de guerra para reclamar el pago en efectivo de un bono de $5.000 que las autoridades de la firma acordaron en paritaria con la Unión Obrera Metalúrgica. Por qué una empresa con déficit crónico se comprometió a este gasto, habría que preguntárselo a sus gerentes. Quizás supusieron que lo cubriría el Gobierno a pesar de que PRODUCAT es una sociedad anónima, con absoluta razón porque siempre lo ha hecho.


El caso es que llegado el momento de pagar ofrecieron a los empleados materiales o francos compensatorios en lugar de efectivo.
“El antecedente del año pasado hizo que todos rechacen la propuesta. Habían acordado pagar una parte en materiales a mediados de julio y los terminaron de entregar recién en diciembre. Además, no nos dan la posibilidad de elegir qué tipo de materiales retirar y solo nos permiten acordar por premoldeados”, explicó Silvia Páez, delegada de los empleados de la firma, luego de una reunión con gente del Ministerio de Hacienda para intentar un arreglo.


En PRODUCAT, asegura la UOM,  “no pagan los que corresponde de asignaciones familiares y pagan sueldos promedio de $8.000”, cuando el convenio colectivo establece un mínimo de $18.000. Las restricciones económicas que impiden mejorar la situación de los trabajadores no son obstáculo, según el sindicato, para el nombramiento de personal administrativo y profesional vinculado con el presidente de la empresa, Fernando Ravetti, con salarios más altos que el resto.

Quizás ha llegado el momento de evaluar si no sería más conveniente en términos económicos admitir la quiebra de PRODUCAT y que el Estado absorba a sus empleados, cuyos salarios abona de todas formas. Por lo menos se ahorrarían los costos de sostener la estructura. Cualquier sociedad anónima lo habría hecho ya hace tiempo.
 

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