EDITORIAL

Un conflicto con perdedores

domingo, 09 de septiembre de 2018 · 04:09

Con una oferta de aumento salarial del 25 por ciento, que incluyen cifras no bonificables, y dos cláusulas de revisión para el futuro, el Gobierno logró quebrar el plan de lucha de las universidades, pues solo uno de los gremios –la Conadu Histórica- decidió no aceptar. De todos modos, pese a este rechazo, el larguísimo conflicto, el más importante en años, parece estar llegando a su fin.

No hay vencedores, pero sí muchos perdedores, empezando por la Universidad en sí, que ha estado paralizada prácticamente dos meses.

Los docentes, si bien lograron mediante una gigantesca movilización que abarcó a todas las casas de altos estudios del país y que tuvo el mérito de sacar el conflicto a la calle, lograron un incremento de sus salarios bastante mayor que el ínfimo que en principio ofrecía el gobierno  -un 15 por ciento- pero decididamente muy inferior a la inflación proyectada para este año, superior al 40 por ciento.

Las cláusulas de revisión no son ajustes automáticos que funcionen como garantía de que los docentes no perderán poder adquisitivo, sino una manera decorosa de lograr un acuerdo provisorio y patear la discusión para los meses sucesivos.

De modo que la convalidación de la oferta salarial del Gobierno nacional implica un aumento significativamente mayor al ofrecimiento inicial, que disparó el conflicto, y esa es una consecuencia de la protesta universitaria, pero también significará este año una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de las universidades, en consonancia con lo que sucede con el resto de los trabajadores del Estado y los privados también.

Por su parte, el Gobierno nacional ha sufrido un desgaste importante con este conflicto. Los reclamos en defensa del salario docente y de la universidad pública gozan de la simpatía de la inmensa mayoría de la ciudadanía.

Pero además elobierno queda expuesto, más allá de la finalización –o suspensión- del conflicto, porque el recorte en el Presupuesto universitario es un hecho para este año y con más razón para el año que viene, el primero bajo la estricta supervisión del Fondo Monetario Internacional.

Desde el Ministerio de Educación de la Nación difundieron en medio del conflicto unos documentos que intentaban reforzar la idea de que no había una disminución del presupuesto universitario respecto de años anteriores.

El discurso oficial era una media verdad: es cierto que el presupuesto universitario aprobado el año pasado para 2018 no representaba un ajuste respeto de los anteriores, pero también lo es que en marzo de este año se anunció una poda considerable de ese presupuesto, de alrededor de 3.000 millones de pesos, y la suspensión de numerosas obras de infraestructura. Lo que sumado a incrementos salariales bien lejos de la evolución de la inflación y la subejecución de numerosos programas significa en la práctica un recorte sustancial.

La verdad teórica resultó, en definitiva, una mentira en la práctica. Un costo muy alto para el gobierno en un año trascendente, pues se celebra el centenario de ese hito histórico que significó la Reforma Universitaria.

 

 

 

 

 

 

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