EL MIRADOR POLÍTICO

Corrupción a toda máquina

domingo, 09 de septiembre de 2018 · 04:10

La causa penal que instruye la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública por el alquiler irregular de maquinaria pesada en Vialidad de la Provincia repone una controversia que cobró algún volumen cuando el radicalismo fue desplazado de la administración de la Municipalidad de la Capital y perdió bríos tras algunos amagues de investigación.

En 2012, apenas asumida, la gestión de Raúl Jalil descubrió indicios de corrupción estructural en dos campos bien específicos.

Uno era el de las cooperativas que la comuna contrataba para cumplir diferentes tareas. Estas asociaciones cooperativas eran en realidad organizadas por empresarios que embuchaban centenares de miles de pesos mensuales, de los cuales destinaban una parte ínfima a la compra de insumos y el pago de sueldos miserables, exentos de contribuciones sociales, a los supuestos cooperados.

El otro sistema de negociados era el del alquiler de máquinas para realizar movimientos de suelo. Se habían abonado millones de pesos por horas de trabajo de los vehículos cuyo cumplimiento era imposible de constatar y varios empresarios reclamaban deudas. Del cotejo entre las horas pagadas o reclamadas y el avance de las tareas en varios barrios capitalinos surgieron evidencias claras de que se habían pagado o se requería el pago de más horas de las efectivamente trabajadas, por mucho que las certificaciones de los expedientes marcaran otra cosa. En el valioso tiempo erogado a los propietarios de las máquinas, según comprobaron los nuevos funcionarios, una cuadrilla municipal de las más remolonas hubiera avanzado el triple con solo pala, picota y carretilla.

Si bien no se plantearon las denuncias penales prometidas, el esquema de las cooperativas fue desarticulado. En el caso de las maquinarias, en cambio, el diseño continuó en funcionamiento, como viene a demostrarlo ahora el escandalete que envuelve a Vialidad.

Ha de haberse tomado sin dudas una decisión política para no profundizar las investigaciones más allá de lo conveniente. La red de compromisos era, y es, demasiado amplia, y cada paso suponía el riesgo de pisar callos inconvenientes. Con todo, la Municipalidad de la Capital fue el único enclave que al menos puso al descubierto el sistema.

La pista Núñez

Que el empresario Víctor Núñez, ex presidente de la Cámara de la Construcción, sea el blanco de las indagaciones por los alquileres truchos en Vialidad es otro indicio del carácter estructural y añejo de las maniobras, que excede el ámbito municipal.

Se trata del mismo Núñez que en 2012 quedó rankeado como el más beneficiado por los alquileres de maquinarias solo en la Capital: de $15 millones que se habían pagado en 2010 y 2011, $3 millones fueron a parar a sus faltriqueras.

Debe considerarse que en aquellas épocas el dólar cotizaba alrededor de los $4, de manera que el municipio había pagado en dos años poco menos de 4 millones de dólares en alquileres. A la cotización actual: $555 millones, de los cuales más de $110 millones le correspondieron al afortunado Núñez.

La presencia del empresario podría dar también las razones de la renuncia a denunciar los entuertos en sede judicial en su momento.

El rastro lo dejó el clan López Rodríguez, que forma parte del círculo más estrecho del poder provincial.

En 2016, el por entonces concejal Armando López Rodríguez, actual vicepresidente de la Cámara de Diputados, solicitó que se exceptuara a Núñez de cumplir con normativas municipales vinculadas a la edificación. Este planteo generó suspicacias: Núñez es uno de los empresarios embadurnados por la “cartelización” de obras en el Instituto Provincial de la Vivienda que este diario expuso en 2012. El IPV ya estaba al comando del arquitecto Dante López Rodríguez, hermano de Armando, que se había desempeñado como responsable técnico de contratistas del municipio en tiempos del FCS. El organismo, además recurría al alquiler de maquinaria en forma permanente.

Para los gigantescos movimientos de suelo necesarios para la construcción del barrio Valle Chico, por ejemplo, hubo que abonar millonadas en alquileres de máquinas. En ese emprendimiento inmobiliario se hizo más palmario que en ningún otro que es más negocio alquilar máquinas que edificar casas: las horas/máquina que se facturan son de muy arduo control, en caso de que existiera voluntad política de controlar.

El sistema de fiscalización es tan defectuoso que permite facturar cualquier cifra. La casa tiene que entregarse; por los movimientos de suelo hay que ponerse confiando en la buena fe del contratista y de los inspectores. Es mucho pedirle a la fe en el género humano.

Peor que los cuadernos

Es curioso que el Estado provincial no avance en el diseño de políticas tendientes a restringir la demanda de alquileres de máquinas o al menos fortalecer el sistema de control para coartar avivadas.

El presupuesto que Vialidad de la Provincia destina a pagar alquiler de maquinaria creció un 176% entre 2015 y 2017. Pasó de $50 millones a $138 millones, con un detalle sugestivo: en 2016 la cifra había mermado sensiblemente respecto del año anterior.

Al margen de la suerte que corra el expediente que empezó a engordar en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, es notorio que la sangría de recursos por la contratación de maquinarias en los diferentes estamentos estatales es más gravosa para el erario provincial que la revelada por los cuadernos del chofer Oscar Centeno y confirmada por los cada vez más numerosos arrepentidos, que tiene su terminal local en la “causa Dusso” que tramita la Fiscalía Federal.

Las matufias de la “causa Dusso” suponen el robo de recursos nacionales, mientras que la “causa Núñez” es punta de iceberg de un entramado por el que sangra el Tesoro de la Provincia.

En la causa de los cuadernos, aparte, se dilucida una mecánica que consistía en el pago de sobornos al kirchnerismo por obras específicas: a cada obra o grupo de obras le correspondía el óbolo de rigor. El alquiler de máquinas a destajo implica la existencia de un circuito no necesariamente ligado a la obtención de obras específicas, como sería la “cartelización”. Los elementos inducen más bien a sospechar de la existencia de una trama que, aparte de facturar más horas de las trabajadas, podría facturar horas no trabajadas. Esto es: fraguar pagos contra la mera tramitación de un expediente administrativo, independientemente de que el servicio se preste o no.

Una hemorragia permanente y sistemática de dineros públicos. Corrupción a toda máquina.

CAJÓN

Que el empresario Víctor Núñez sea blanco de las indagaciones por los alquileres truchos en Vialidad es indicio del carácter estructural y añejo de las maniobras.

 

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