jueves 28 de marzo de 2024
|| CARA Y CRUZ ||

Absurdo juicio político

Por Redacción El Ancasti

Un grupo de diputados encabezados por Hugo Ávila, Daniel Lavatelli y Juan Carlos Rojas repudió la elevación a juicio de seis miembros del SOEM de Valle Viejo que desobedecieron la orden judicial de levantar un piquete e informaron de su disposición a interponer un juicio político en contra del fiscal Exequiel Walther, impulsor de la causa. “Hay un intento claro de criminalizar la protesta laboral que ellos han realizado. Creemos que es un hecho verdaderamente aberrante que en la provincia de Catamarca se intente elevar a juicio y llegar a una condena de gente que está reclamando lo que legítimamente le pertenece. En aquel momento el corte de una ruta provincial estaba vinculado directamente al pago del aguinaldo. Si la justicia catamarqueña decide avanzar en una condena de carácter represivo contra los trabajadores nosotros, los diputados peronistas, nos vamos a oponer”, dijo Ávila, presidente de la comisión de Legislación Social y del Trabajo. Al margen de la opinión que se tenga sobre el conflicto chacarero, lo cierto es que el fiscal Walther no hizo más que aplicar lo que establecen las leyes para garantizar la libre circulación y que procedió en su momento recién después de que los sindicalistas ahora procesados se negaron a desistir de la serie de piquetes que habían organizado frente al Parador Municipal chacarero. El expediente se inició en diciembre de 2016 y el pedido de elevación a juicio se produjo en abril de 2017, tras cuatro meses de instrucción. La elevación a juicio fue anulada por el juez de Garantías Porfirio Acuña, pero la Cámara de Apelaciones ratificó el criterio de Walther.

 

El caso es que los diputados no solo impugnan una decisión judicial que cumplió con todos los procedimientos establecidos, sino que amenazan con someter a juicio político a un fiscal que hizo lo que deberían hacer todos los fiscales cuando el derecho a reclamar entra en colisión con otros. En todo caso, la razonabilidad de los motivos por los que los sindicalistas decidieron obstaculizar el tránsito sistemáticamente será evaluada y contrapesada con el derecho a la libre circulación en el juicio pertinente. En lugar de blandir la amenaza del juicio político antes incluso de conocer los fundamentos de la elevación a juicio y alarmarse por la “criminalización de la protesta laboral” supuestamente en ciernes, los diputados podrían dedicar tiempo a explorar mecanismos legislativos para regular la protesta y mermar las posibilidades de que los derechos de unos entren en contradicción con los de otros. Debe ser que esta tarea es bastante más ardua que hacer conferencias de prensa. No se recuerda, por ejemplo, que legislador alguno asumiera roles protagónicos en las protestas chacareras, ni siquiera para tratar de interceder. Recién aparecen ahora, para cascotearlo a Walther y hacer difusas imputaciones entre las que falta la principal: ¿qué normas transgredió el fiscal al iniciar la causa y pedir el juicio? ¿O el pedido de juicio político se va a basar en intento de criminalizar la protesta social? Ahora hay que esperar a que los diputados elaboren el recurso y lo presenten. Dicen que tienen elementos para avanzar, pero se abstuvieron de explicar en qué consisten.

 

Sobre la resolución del fiscal Walther ya se expedirá la Justicia oportunamente. Hay que decir que la Cámara de Apelaciones hizo lugar parcialmente al pedido del fiscal y admitió el juicio solo para seis de las doce personas sindicadas. Sería interesante, mientras tanto, que los diputados difundieran alguna iniciativa parlamentari tendiente a armonizar el derecho a reclamar con el de circular libremente, por ejemplo, o a establecer qué derecho debe primar llegado el caso, o bajo qué circunstancias ha de determinarse la primacía de uno u otro. De ese modo cumplirían con una de las funciones específicas que tiene el Poder Legislativo, contribuirían a perfeccionar las leyes a las cuales deben ajustar sus dictámenes y fallos los miembros del Poder Judicial.

 

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