|| CARA Y CRUZ ||

Cuestión de voluntades

martes, 11 de septiembre de 2018 · 04:06

El ministro de Educación, Daniel Gutierrez, se refirió a la desequilibrada distribución de tareas entre el personal del Estado provincial y propuso transferir gente de la Legislatura provincial al sistema educativo, donde faltan agentes para cumplir labores no docentes, como las de servicios generales. Según dijo, ya hay tratativas con representantes de la Cámara de Diputados y el Senado para confeccionar un listado de voluntarios que quieran cubrir en las escuelas puestos acordes “a su nivel de estudios”. Gutiérrez sospecha que existen “ñoquis” en las plantillas parlamentarias. “Las cámaras tienen gente que vive en los departamentos y obviamente no pueden cumplir su contraprestación laboral porque están a muchos kilómetros de la ciudad y no están en condiciones de trasladarse, pero sí podrían hacerlo en las escuelas”, consideró. “En la Legislatura –agregó- hay empleados y se van acumulando; en realidad tienen más empleados de los que necesitan hoy y a lo mejor pueden tener otro desempeño vinculándose a la escuela cerca del lugar donde viven, cobrando la categoría y en el horario que tienen, respetando sus condiciones actuales”.

El razonamiento del ministro es impecable. Aunque no es probable que les haya caído en gracia a los legisladores, resulta difícil rebatir el absurdo de que, en una administración pública superpoblada como la catamarqueña, la prestación del servicio educativo se resienta por falta de personal, mientras enclaves como el Parlamento, que no se caracteriza precisamente por su productividad y dista de ser indispensable, gasta en sueldos para gente ociosa. La propuesta de transferir personal de la Legislatura al sistema educativo es interesante, pero podría no tener la respuesta que Gutiérrez espera. La Municipalidad de la Capital intentó armar un sistema parecido con el Concejo Deliberante, donde la proliferación de “ñoquis” fue admitida, y los convocados “voluntarios” brillaron por su falta de voluntad. Comprensible: les ofertaban dejar de cobrar todos los meses sin trabajar o cumpliendo tareas de ínfima exigencia, para pasar a ganarse el sueldo en serio.

No trascendieron opiniones del ámbito legislativo. Si el que calla otorga, ha de entenderse que los miembros de las Cámaras de Diputados y Senadores aceptan que tienen gente de sobra que “obviamente no puede cumplir con su contraprestación laboral”, como dice Gutierrez. En tal caso, podrían instrumentarse mecanismos para incentivar la voluntad de los “voluntarios” a pasarse al sistema educativo. Hacer, por ejemplo, otro listado con el personal parlamentario que cobra sin trabajar y ofrecerle comenzar a trabajar en la órbita del Ministerio de Educación o enfrentar las consecuencias administrativas y judiciales del fraude que perpetran en perjuicio del Estado. Es posible que algunos sientan de pronto el llamado de la vocación no docente. Claro que esto tal vez permitiría descubrir a los legisladores que los designaron y mantuvieron en la condición de “ñoquis”, pero por algún lado hay que empezar a equilibrar las cargas en la administración pública. La Legislatura catamarqueña ocupa el segundo puesto del país en gastos por habitante, conforme a un estudio de la Fundación Libertad apenas por debajo de Tierra del Fuego. Cada legislador catamarqueño -57 entre diputados y senadores- le cuesta al Estado provincial $1.418.245 por mes. Para este año, cada legislador demandará $ 17.018.942. Se sabe que el horizonte económico no es de lo más promisorio y que las posibilidades que tiene el Gobierno de designar más gente son nulas. Circunstancias extraordinarias demandan disposiciones extraordinarias y este podría ser un buen momento para intentar un reordenamiento de los recursos humanos del Estado. Aparte de la voluntad de los “voluntarios”, hace falta la voluntad de los responsables de la administración pública. La audacia de Gutierrez no le dio para una apelación semejante.
 

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