Cara y Cruz

Piedras en el engranaje

Como si las condiciones generales no fueran suficiente traba...
miércoles, 08 de agosto de 2018 · 04:20

Como si las condiciones generales no fueran suficiente traba, la actividad económica encuentra obstáculos en costos absurdos establecidos por los precios, comisiones y honorarios establecidos para operaciones indispensables para su desarrollo, adicionales a las para nada modestas gabelas municipales y provinciales. Todo el mundo tiene que cobrar por su trabajo, por supuesto, pero las cifras que fijan algunos profesionales y corporaciones están en muchos casos fuera de toda escala razonable. En un punto, llegan a configurar casos graves de parasitismo, pues su intervención no sería necesaria para la actividad en sí, si no fuera por el entramado legal y reglamentario que obliga abrirles el juego so pena de quedar al margen de la ley. Sin comercio no puede haber actividad económica, de manera que si los costos de los servicios que orbitan alrededor de tal comercio son desproporcionados terminan por frustrar cualquier esfuerzo. 


Estas circunstancias tienen como resultados indefectibles la deserción de inversores y productores o su introducción en el terreno de la ilegalidad para sostener márgenes de rentabilidad razonables. Inmobiliarias, agrimensores, escribanos, abogados, que a su vez, por exigencias legales ineludibles, deben contribuir con el óbolo correspondientes a sus respectivas asociaciones gremiales y ceñirse a los precios por ellas establecidas, conforman un universo de actores que van acumulando sumas que en una enorme cantidad de casos llevan a los obligados clientes a desistir de sus esfuerzos. Para la transferencia de un inmueble, por caso, no solo es preciso a veces recurrir a los servicios y poner la tajada correspondiente de la inmobiliaria y del escribano. Además, hay que considerar la intervención del ingeniero agrimensor, a la que las partes de la operación están obligadas aunque tengan las mensuras en orden. De acuerdo a la legislación, transcurridos cinco años se produce una especie de vencimiento parcial de la mensura cuya reversión requiere una “verificación de subsistencia del estado parcelario”. Esta certificación es obligatoria tanto para una vivienda como para un campo, y su costo es superior a la mitad de la mensura del inmueble en cuestión. Es decir, que al precio del inmueble hay que sumar, sobre los tributos municipales y provinciales por la operación, la comisión de la inmobiliaria y los honorarios del notario y del agrimensor. Quien se mete en semejante baile suele advertir, finalmente, que las cuentas no le cierran por ningún lado, mientras el resto de los participantes de la operación, de quienes no puede prescindir, embuchan a dos carrillos y las sedes de sus corporaciones profesionales van adquiriendo características edilicias palaciegas.

De tal manera, la desproporción del costo de los servicios subsidiarios del comercio mete no ya arena, sino piedras en el engranaje de la actividad económica. Súmese a esto la angurria de los sindicatos y del propio sector público y se tendrán explicaciones a la recesión complementarias a las de la ostensible crisis económica. De lo dicho no deben inferirse objeciones a la legitimidad del trabajo profesional de nadie. Si la necesidad de revisar legislaciones y regulaciones que se aplican al barrer, indiscriminadamente, aprovechando que se tiene a los actores económicos de rehenes.
 

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