|| CARA Y CRUZ ||

Prosperidades y ostentación

martes, 28 de agosto de 2018 · 04:03

Víctor Núñez, ex presidente de la Cámara de la Construcción, vuelve a ser foco de atención por el alquiler de maquinarias. Esta vez es en Vialidad Provincial, donde un empleado del registro de proveedores, Jorge Omar Ovejero, descubrió que una cargadora y una topadora rentadas al empresario tenían idéntico número de título automotor. Curioso, indagó y resultó que una de las máquinas estaba inscripta en Buenos Aires a nombre de otra persona, de modo que radicó una denuncia penal. Esto ocurrió a fines de 2016, pero ya a principios de 2012 el nombre de Núñez estuvo en danza cuando las flamantes autoridades de la Municipalidad de la Capital, que acababan de reemplazar al FCS, encontraron sugestivos datos sobre maquinarias que había alquilado el municipio capitalino en 2010 y 2011. De 15 millones de pesos que se habían abonado en este concepto, Núñez se había beneficiado con casi 3. Era imposible determinar si las máquinas en efecto habían cumplido las horas de trabajo por las que la comuna había pagado. El cotejo entre el avance de obras y las horas abonadas sugería malversaciones. Los amagues de denuncia quedaron finalmente en la nada, pero no faltó quien recordara el incidente cuatro años después, en mayo de 2017, cuando el diputado Armando López Rodríguez, por entonces concejal, presentó un proyecto para exceptuar a Núñez de cumplir con normas municipales relacionadas con la edificación.

Las sospechas se dispararon porque López Rodríguez es hermano del arquitecto Dante López Rodríguez, titular del IPV, quien llegó al puesto después de haber cumplido tareas profesionales como empleado de empresas contratistas de la Municipalidad capitalina durante la administración del FCS. También el IPV al mando de López Rodríguez alquilaba y alquila maquinarias y Núñez era y es, además de propietario de maquinarias, dueño de una de las empresas involucrada en la cartelización de viviendas justamente en el IPV. Mucho dinero gastó el IPV en alquileres de máquinas para los movimientos de suelo que demandó, por ejemplo, el barrio Valle Chico. El principal problema de este método es que resulta muy difícil establecer si las horas pagadas son las efectivamente trabajadas, pero bueno… así nomás es el asunto, a pesar de las dudas y los indicios de negociados. Poco después de que el concejal López Rodríguez pidiera trato de excepción para Víctor Núñez, en este mismo espacio se informó sobre la sorpresa que se había llevado un representante del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional en una entrevista en la que informó al ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, sobre las operatorias disponibles para obras de saneamiento ambiental. El ministro, chocho, le dijo que “estas obras, acá, las hace Núñez”, sin especificar si se trataba de Víctor o de un tocayo.

Le toca la mala fortuna a Núñez, caracterizado integrante de la corporación constructora local desde bastante antes de que el kirchnerismo llegara al poder, de quedar bajo los reflectores en momento tan poco propicio para el sistema de obras públicas, cuando las derivaciones de los cuadernos de la corrupción acicatean la curiosidad sobre el origen de ciertas súbitas prosperidades. Para colmo, el imprudente culto de la ostentación de sus fortunas que hacen recientes incorporados al mundillo de los contratistas del Estado alimenta los comentarios suspicaces. El caso de Ariel Barceló, vinculado a Vialnort, es particularmente llamativo al respecto a nivel local. Aunque deban esperarse los resultados de las investigaciones administrativas y judiciales pertinentes, no puede dejar de llamar la atención la pertinacia de Núñez para aparecer en asuntos relacionados con los alquileres de máquinas y el tan evidente como meteórico ascenso económico experimentado por miembros de la generación constructora siguiente al estilo de Barceló. Lo señaló ya el Viejo Vizcacha: “nunca escapa el cimarrón si dispara por la loma”.
 

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