EDITORIAL

Consecuencias fáciles de prever

martes, 28 de agosto de 2018 · 04:00

No es necesario ser aficionado a las prácticas de la adivinación para anticipar que el nivel de incremento de las tarifas de los servicios públicos, asociado además a una situación de retracción de la economía, iba a provocar situaciones que deben señalarse como graves.

La multiplicación por más de diez en el precio de la energía eléctrica en los últimos dos años impulsada por el gobierno nacional, por ejemplo, provoca que muchos usuarios de consumo medio deban pagar boletas que superan los 2.000 pesos por bimestre, y en algunos casos bastante más. Al mismo tiempo, la inflación supera por varios puntos porcentuales a los aumentos salariales, lo cual implica una fuerte pérdida del poder adquisitivo que dificulta aún más las posibilidades de pagar en tiempo y en forma las boletas de los servicios públicos.

Las consecuencias eran, entonces, fáciles de prever: el aumento de la morosidad y, en muchos casos, el corte del servicio. Cada vez son más las familias que en Catamarca se encuentran en esta situación, según lo confirmado por la empresa EC SAPEM. 

Si antes esos cortes se debían habitualmente a “la cultura del no pago”, hoy son cada vez más los casos en los que se observa incapacidad de pago, que es una cosa bien distinta pues supone dificultades para el restablecimiento del servicio por las propias limitaciones económicas de los usuarios. 

Un problema adicional es que muchos usuarios que gozan de la tarifa social, como se calefaccionan con electricidad, no realizaron en estos meses de invierno el ahorro necesario y, al superar ciertos límites preestablecidos de consumo, deban abonar tarifa plana, por lo que se ven obligados a pagar cifras exorbitantes en relación con sus magros ingresos. 

Pero lo peor, en realidad, está por venir. Desde el 1 de agosto rige la nueva suba, que para la provincia va del 25 al 30 por ciento en el costo de la energía. La nueva suma se verá reflejada en las boletas que los usuarios recibirán a partir del mes de octubre.

Un informe publicado en la edición de ayer por El Ancasti relata las estrategias de los sectores con menores ingresos para hacer frente al pago de las tarifas de los servicios y otros gastos de primera necesidad: solicitar préstamos de dinero en efectivo. En el mejor de los casos, jubilados y pensionados, a través de los créditos que otorga la ANSES. En el peor, endeudándose con casas de préstamos que suelen tener intereses altísimos y muy difíciles de afrontar en el mediano plazo. 

Pagar gastos de primera necesidad con préstamos es una salida coyuntural, pero que implica el agravamiento del problema en el mediano y largo plazo, porque en los meses sucesivos, además de afrontar los mismos gastos que ocasionaron la solicitud del crédito, deberán pagarse los intereses del monto otorgado.

El recrudecimiento de la crisis que se pronostica para los próximos meses obliga a pensar medidas de contención de los sectores vulnerables, que están teniendo serias dificultades para acceder a los bienes y servicios elementales. De lo contrario, las consecuencias sociales pueden ser más graves aún. 

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