Editorial

Apremios: costumbre lamentable

Las denuncias contra efectivos policiales catamarqueños por...
miércoles, 22 de agosto de 2018 · 04:18

Las denuncias contra efectivos policiales catamarqueños por apremios ilegales son una costumbre lamentable. Si no existen aún –se estima que no, porque no se las conoce, aunque bien podrían estar guardadas en el cajón de un escritorio-, habría que confeccionar las estadísticas de casos de esta índole que se tramitan en la Justicia catamarqueña.


Podría establecerse la cantidad, la gravedad de los apremios denunciados y cuáles de estas denuncias terminaron con el efectivo condenado o al menos sancionado por la institución. 


También podría establecerse un ranking de las comisarías en función de la cantidad de denuncias. Al respecto, sin los números en la mano, es posible inferir, repasando las últimas denuncias, que en el interior de la provincia, si bien el porcentaje es inferior respecto de las de la ciudad capital, por ejemplo, las denuncias aluden a casos de especial gravedad, en las que se ponen de manifiestos comportamientos arbitrarios y violentos de parte de los policías señalados como responsables.
Algunos casos sirven para ilustrar la afirmación.


Ayer, un ciudadano identificado como Leonardo Daniel Díaz, denunció ante la Justicia a policías  de la Comisaría de Tinogasta, quienes, sin causa alguna, lo despojaron de sus pertenencias, y lo mantuvieron encerrado durante dos días en un ‘buzón’, un pequeños calabozo, cubierto de mugre, sin agua ni comida. Durante el encierro sufrió un preinfarto. Además, le pidieron una coima para dejarlo en libertad.


A principios de mes, los denunciados fueron los efectivos de la comisaría departamental de Belén.

Dos hermanos de apellido Gutiérrez indicaron que la policía ingresó a la vivienda de la madre de ambos sin orden del juez. Siempre según la denuncia, acusándolos injustamente de haber robado en la hostería, los hicieron arrodillar en el suelo y los golpearon. Luego los dejaron detenidos sin que mediara acusación concreta ni pruebas en contra de ellos.


En mayo, un joven llamado Martín Vacchy denunció que un oficial y un cabo lo sacaron por la fuerza de un pub ubicado en San Antonio  de La Paz y lo golpearon con palos. Luego, según el relato, lo subieron a una camioneta policial y mientras uno lo mantenía sujetado, el otro continuaba golpeándolo.


Se trata solo de algunos ejemplos, pero basta recorrer las crónicas policiales para constatar la continuidad de estas situaciones de violencia irracional contra ciudadanos indefensos. Vale aclarar, de todos modos, que no todos los apremios son denunciados por temor a represalias o por la escasa esperanza que tienen los ciudadanos maltratados respecto de las chances de que la Justicia investigue eficazmente los atropellos policiales.


Tanto el Poder Judicial como la propia conducción de la fuerza de seguridad tienen la obligación de investigar debidamente las denuncias y, eventualmente, castigar a los responsables. No son muchas, sin embargo, las investigaciones sobre apremios ilegales que prosperan. Lo cual favorece que éstos se repitan, con especial ferocidad en el interior provincial. 

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